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Lo que inició como un presunto roce en la vía terminó en una violenta persecución que le costó la vida al chofer de un camión recolector de basura, en un hecho ocurrido en la Circunvalación Sur de esta ciudad.

La víctima fue identificada como Deivy Carlos Abreu Quezada, de 44 años, quien, según las investigaciones preliminares, fue perseguido por una turba de motoristas luego de un incidente de tránsito en el sector Ensanche Bermúdez.

Tras el incidente, Abreu Quezada optó por no detener la marcha ante la actitud agresiva del grupo, lo que desencadenó una persecución que se extendió por varios kilómetros.

Durante el trayecto, los agresores le lanzaron piedras al vehículo y posteriormente lograron interceptarlo.

El ataque culminó en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Santiago, lugar al que el conductor habría intentado llegar en busca de protección. Sin embargo, fue alcanzado por los atacantes, quienes lo apuñalaron, provocándole la muerte.

Las autoridades identificaron como principal sospechoso a Jhovanny de Jesús Metz Cruz, alias “Macho”, de 28 años, quien se encuentra prófugo y es activamente buscado por la Policía Nacional.

Las investigaciones indican que no actuó solo, sino acompañado de otros individuos que integraban la turba.

Por el caso, siete personas han sido arrestadas y sometidas a la justicia: Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.

El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva como medida de coerción contra los imputados, a quienes acusa de persecución, interceptación y homicidio. Se espera que en las próximas horas se conozca la solicitud de medidas cautelares en su contra.

El hecho ha generado consternación en Santiago y reaviva la preocupación por los niveles de violencia en conflictos viales y la actuación de grupos organizados en las calles. Mientras tanto, las autoridades continúan las labores de búsqueda del principal implicado para su captura y sometimiento a la justicia

 

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) culpó hoy al Ministerio de Educación del colapso de la plataforma de Internet que sostenía la quinta etapa de la Evaluación de Desempeño Docente (EDD), porque no hizo las pruebas necesarias a ese sistema que, iba a interconectar a miles de maestros y servidores del sistema educativo nacional.

“La ADP califica como una falta de planificación y de previsión del Ministerio de Educación el colapso de la quinta etapa de la evaluación de desempeño”, aseguró Menegildo de la Rosa, secretario de Comunicación y Relaciones Públicas del Comité Ejecutivo del gremio de maestros.

Dijo que el Ministerio está consciente de los problemas de conectividad que tiene el país, sobre todo, en regiones remotas como el sur y la zona fronteriza.

“Todo parece indicar que el ministerio no hizo la prueba de estrés que debió hacerle a la plataforma pensando en la conectividad de miles de maestros al mismo tiempo que iba a estresar la plataforma”, siguió diciendo.

Indicó que la ADP llegó a un acuerdo con el Ministerio de Educación para, en el menor tiempo posible, reiniciar la quinta etapa de la evaluación.

Dijo que esta dependencia estatal está haciendo la programación y ajustando la conectividad de Internet, para que los exámenes de la quinta etapa puedan reiniciarse.

Proponen realizar 5ta y 6ta etapa de manera simultánea

“Hemos hecho una propuesta al Ministerio para que, de manera simultánea, se pueda llevar a cabo la sexta etapa que corresponde a la observación de la clase y que envuelve al 50 o al 55% del magisterio y que se lleve también entonces con nicho más reducido, si es posible la quinta etapa, que envuelve a psicólogos, orientadores, coordinadores pedagógicos, dinamizadores, bibliotecarios y directores de centro”, significó.

El  expresidente de la República, Hipólito Mejía, dio su apoyo al proceso de transformación y mecanización iniciado por el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, a quien visitó en su despacho para intercambiar impresiones y conocer los avances del sector.

Durante la reunión, ambos coincidieron en que la República Dominicana cuenta en la actualidad con una producción suficiente de los principales rubros que componen la canasta familiar, lo que refleja el fortalecimiento del sector agropecuario en los últimos años.

Posteriormente, realizaron un recorrido por distintas áreas del Ministerio, donde conversaron con directivos y técnicos, quienes destacaron el crecimiento sostenido de la producción agrícola, especialmente en el cultivo de plátano en la región Sur del país.

El ministro Oliverio Espaillat reiteró su compromiso de continuar apoyando a los productores nacionales, asegurando las facilidades necesarias para impulsar la productividad y el desarrollo del campo dominicano.

De su lado, el expresidente Hipólito Mejía resaltó el esfuerzo de los profesionales agrícolas a quienes elogió por el trabajo que han venido realizando en procura de garantizar que haya alimentos en todo el país.

Asimismo, se destacó que el consumo de plátano se sustenta en gran medida en las regiones Noroeste y Sur, donde solo entre las provincias de San Juan y Elías Piña se registran unas 10,000 tareas sembradas bajo sistemas de riego y alta densidad.

En cuanto a otros cultivos, se informó que el país mantiene altos niveles de producción de yuca, batata, yautía y piña, alcanzando esta última unas 26,000 tareas sembradas.

Este encuentro reafirma el compromiso del ministro Espaillat, a fin de contribuir con la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible de la agricultura dominicana.


 

El Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) informaron que, durante el año 2025, la República Dominicana logró una reducción del 7.65 % en la cantidad absoluta de embarazos en adolescentes en comparación con 2024, lo que equivale a 1,365 casos menos.

De acuerdo con los datos analizados por el CONANI, basados en registros de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) y el Ministerio de Salud Pública, el total de embarazos en menores de 19 años descendió de 17,846 en 2024 a 16,481 en 2025. 

Esta disminución porcentual del 7.65 % es el principal indicador del avance en la prevención, a pesar de que el peso relativo de los embarazos adolescentes dentro del total de embarazos en todas las edades mostró un ligero incremento del 1.31 %, explicado por la reducción general de casos en otros rangos etarios.

La baja señalada en un año no es un hecho aislado, sino que confirma una tendencia decreciente sostenida. Desde el lanzamiento de la Política de Prevención y Atención a las Uniones Tempranas y el Embarazo en Adolescentes (PPA) en 2021, el país ha logrado reducir estos casos en un 40.02 %, pasando de 27,476 registros en aquel año a los 16,481 actuales.

La tendencia también se refleja en provincias históricamente críticas: Monte Cristi redujo sus casos un 15.87 % (de 315 en 2024 a 265 en 2025), y Elías Piña una reducción del 23.29 % (de 249 a 191 casos).

Entre las intervenciones se incluyen programas formativos sobre salud sexual integral, prevención de violencia, habilidades para la vida, y actividades socioculturales, así como capacitaciones para padres y cuidadores en crianza positiva.

El GANA, presidido honoríficamente por la primera dama Raquel Arbaje, y el CONANI reafirmaron su compromiso de seguir fortaleciendo el sistema de protección a la niñez y adolescencia. "Cada caso menos representa una vida con mayores oportunidades de educación, salud y bienestar", concluyen.

 

Los recientes apagones registrados en el distrito municipal de El Limón, en Samaná, han generado creciente preocupación entre comunitarios, empresarios e inversionistas, ante la falta de respuesta de la Superintendencia de Electricidad.

A pesar de las constantes interrupciones en el servicio eléctrico, el órgano regulador no se ha pronunciado, lo que evidencia una preocupante falta de supervisión y fiscalización en la zona.

La Superintendencia está en la obligación de exigir a cualquier empresa distribuidora, ya sea pública o privada, el cumplimiento de los estándares de calidad del servicio eléctrico. Esto incluye garantizar no solo la continuidad del suministro, sino también el buen estado de las redes de distribución, así como de postes, líneas y transformadores.

La distribución eléctrica en El Limón está a cargo de la empresa El Progreso del Limón SRL, la cual también debe responder ante las fallas que afectan a toda la comunidad.

Esta situación impacta directamente los importantes proyectos de inversión, tanto locales como extranjeros, que se desarrollan en la zona, poniendo en riesgo el crecimiento económico y el desarrollo del distrito municipal.

Mientras tanto, crece la intranquilidad entre los residentes, quienes temen nuevos apagones sin previo aviso, en medio del silencio de las autoridades competentes.


 


El director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, participó en la jornada de destrucción de 14,699 armas incautadas por el Estado, una iniciativa encabezada por el Ministerio de Interior y Policía (MIP) en coordinación con la empresa Metaldom, como parte de las acciones para reducir la circulación ilegal y fortalecer la seguridad ciudadana.

La actividad fue liderada por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y contó además con la presencia del ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD; representantes de la Procuraduría General de la República, y la vicepresidenta de Relaciones Institucionales y Comunicación de INICIA, Anyarlene Bergés, bajo la supervisión de la Comisión Interinstitucional para la Destrucción de Armas.

Durante la jornada fueron desintegradas 2,268 armas de fuego, entre revólveres, pistolas, escopetas, rifles y artefactos de fabricación casera, así como 12,431 armas blancas, incluyendo cuchillos, machetes y puñales.

Esta acción forma parte de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles, siendo esta la segunda jornada desarrollada en los últimos cuatro meses.

Las autoridades destacaron que la destrucción de estas armas contribuye directamente a la reducción de la violencia y refuerza el compromiso del Estado con la seguridad y la convivencia pacífica.

La intervención se llevó a cabo en las instalaciones de Metaldom, ubicadas en el Parque Industrial Duarte, donde el armamento fue previamente verificado por técnicos especializados para garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad antes de su destrucción.

Por su parte, el director país de Metaldom, Fernando de La Vega, resaltó el compromiso de la empresa con iniciativas de impacto social y ambiental, destacando que la compañía procesó más de 90,000 toneladas métricas de residuos ferrosos durante el último año.

La destrucción del armamento se realizó sin costo para el Estado, mediante un proceso de compresión que convierte las armas en chatarra, en cumplimiento del acuerdo suscrito entre las entidades en 2020.

Esta iniciativa responde a la Resolución MIP-RR-0008-2021, que establece la regulación y destrucción de armas incautadas o entregadas voluntariamente, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y promover una cultura de paz,

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