El Tribunal Superior Administrativo (TSA) aplazó para el próximo 26 de octubre el conocimiento se dos recursos legales que buscan la suspensión de la resolución del Ministerio de Salud Pública que obliga a los ciudadanos a presentar su tarjeta de vacunación contra el COVID-19 en lugares públicos y privados.
El tribunal, presidido por la jueza Luisa Canaán, dispuso el aplazamiento a los fines de que los abogados que representan al Estado dominicano formalicen sus escritos de defensa; Sin embargo, los demandantes no se mostraron de acuerdo con la decisión por entender que el recurso debe ser conocido de manera urgente.
A decir de los accionistas, la medida es un ensayo que permitirá al Gobierno limitar otros derechos en el futuro. “Todos los centros comerciales han impedido que entremos; en los hospitales inclusive a las personas enfermas, a nosotros que por convicción religiosa hemos decidido optar por no vacunarnos no se nos van a brindar muchos servicios y eso no puede ser, porque nuestra Constitución dice que nosotros tenemos derecho a escoger sobre salud. Esta dictadura sanitaria es el principio”, consideró la activista Wendy Santiago.
La presidencia de la República y el presidente Luis Abinader, fueron representados por el abogado Noel Canahuate, quien a su vez dio calidad por el abogado Pedro Montilla. Mientras que el Ministerio de Salud Pública estuvo representado por los abogados Cristóbal Rodríguez y Luis Ernesto Peña.
Quienes accionaron legalmente en contra la presentación de obligatoria de tarjeta de vacunación en lugares públicos y privados recomendaron al Gobierno usar otras técnicas para que la población se vacune contra el COVID-19.
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