Los primeros en ser señalados fueron sus hermanos Alexis y Magaly Medina Sánchez, seguido de Francisco Pagán Rodríguez, uno de sus hombres de confianza; luego el jefe y subjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, el mayor general Adán Cáceres y el general de brigada Julio Camilo de los Santos Viola, respectivamente.
Y la más reciente es su otra hermana, Lucía Medina, a quien hicieron mención en una auditoría que realizó la Cámara de Cuenta a la Fundación de la pasada legisladora, donde se detalla un gasto millonario sin evidencias, ni “comprobantes justificativos”.
Se trata de la Fundación de Mujeres para el Desarrollo de San Juan (Fumudesju) que antes se llamada Asociación de Mujeres para el Desarrollo de San Juan de la Maguana.
Ambas fueron mencionadas en la auditoría del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) que presidía la hermana de Danilo.
El documento también señala que la organización recibió unos 52 millones de pesos, de 53 millones que estaban destinados a proyectos sociales dirigidos a personas de escasos recursos y que finalmente fueron recibidos por legisladores y parientes de funcionarios, entre otras personas que no cumplían con los requisitos establecidos por la normativa de la entidad.
En la auditoría, en la que se analizan los procesos financieros y administrativos de la Fundación, se confirma que de 80 millones recibidos entre 2013 y 2018 del Fonper, $38 millones 250 mil no fueron presentados a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Además, dio a conocer que el Fonper pagó los viáticos de un viaje realizado por el esposo de la entonces diputada Lucía Medina, en marzo de 2014.
Edgar Eduardo Mejía Butten se trasladó a la ciudad de Bostón, Estados Unidos, para participar en un taller denominado “Workshop de negociación” en la universidad de Harvard, entre el 23 y 29 de marzo del mismo año.
Los viáticos por el viaje del miembro del Consejo de las Empresas de Electricidad del Sur (Edesur) y también cuñado del expresidente Danilo Medina ascendieron a RD $109 mil 116 dólares.
Alexis y Magaly Medina Sánchez
Ahora citaremos a otros dos de sus hermanos: Alexis y Magaly Medina Sánchez que fueron los primeros involucrados en el primer caso de corrupción investigado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Este fue denominado “Operación Anti pulpo” y se inició la madrugada del domingo 29 de noviembre del 2020 por un equipo de fiscales coordinado por los directores de la Pepca y la Dirección de Persecución, Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso respectivamente.
La Operación Anti Pulpo develó un entramado societario que se valió del tráfico de influencia para establecer relaciones contractuales con instituciones del Estado, a través de las cuales sustrajo miles de millones de pesos del erario público.El expediente detalla que el grupo de imputados operaba en torno a un conjunto de empresas de carpeta creadas por Medina Sánchez, quien se aprovechó de su condición de hermano del entonces presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, para establecer un amplio entramado de corrupción.
Un día después del apresamiento de ambos hermanos y otros funcionarios del PLD, ocurrido el sábado 28 de noviembre, el exmandatario Medina catalogó como un “atropello y abusivo” la forma en la que fueron detenidos.
Además expresó que la actitud que tuvo el órgano persecutor es de “cobardes” y que tenía la convicción que el tiempo mostraría su inocencia si se acataba el debido de proceso de investigación.
También fueron arrestados por ese caso Francisco Pagán Rodríguez, Freddy Hidalgo, Rafael Antonio Germosén Andújar, Fernando Rosa, Aquiles Alejandro, Christopher Sánchez, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Julián Esteban Suriel Suazo y José Dolores Santana Carmona.
Acusaciones
Según los expedientes, Juan Alexis “aprovechó su condición de hermano del expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez”.
“A través del tráfico de influencias, y violaciones a múltiples leyes, crearon un millonario entramado societario, beneficiándose con pagos de miles de millones de pesos, a todos estos ingresos ilícitos se le quiso dar apariencia de licitud en claras operaciones de triangulación típica del lavado de activos”, cita el documento de solicitud de medida de coerción.
Entre las compañías creadas están United Suppliers Corporation, Watmax Dominicana, Surin Suplay y General Medical Solutions AM SRL, la cual no están vigente en la actualidad.
Algunas de la empresas mencionadas ofrecieron sus servicios a instituciones del Estado, entre estas el Fonper, entidad en la que su hermana fungía como vicepresidenta.
Según la Pepca, Magaly Medina aprovechó su cargo para favorecer a las empresas de su hermano Alexis y utilizaba recursos del Fonper para fines políticos, en especial en la provincia de Santiago y el dinero era supuestamente distribuido entre los legisladores, alcaldes, dirigentes políticos, periodistas y militantes del partido.
La exfuncionaria devengaba un salario RD$326 mil 400 y su sobrna, que se desempañaba como sub directora del Fonper, Chayli Massiel Rosado Medina, cobraba RD$131 mil 460 pesos mensuales.
Mientras que su esposo y cuñado del expresidente Medina, Luis Ernesto de León Núñez, devengaba cerca de RD$1 millón como Administrador de Edeeste.
Proceso judicial
El primero de diciembre pasadas las 11:00 de la noche, el ministerio público solicitó que se declarara el caso complejo y solicitó prisión preventiva como medida de coerción contra los 11 implicados en actos de corrupción durante la gestión de Medina.
Días después, el martes 8 de diciembre de 2020, el entonces juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional José Alejandro Vargas, quien ahora pertenece al tribunal Constitucional (TC), envió a siete de los imputados a prisión, dispuso arresto domiciliario a tres y dejó en libertad a otro con impedimento de salida y presentación periódica.
A continuación detallaremos:
Prisión preventiva
Ese 8 de diciembre en horas de la noche, Vargas dispuso que el imputado Juan Alexis Medina Sánchez (hermano del expresidente Danilo Medina) cumpla prisión preventiva por un periodo de tres meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Cristóbal.
También el tribunal dictó la misma medida de coerción para los imputados Francisco Pagán Rodríguez (que luego le fue variada a prisión en casa en acuerdo con el MP) y Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, ex director general y director de Fiscalización, respectivamente de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).
Igualmente dictó prisión preventiva contra el exdirector del Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada (Fonper), Fernando Rosa Rosa, quien fue enviado a cumplir la medida de tres meses en el CCR San Cristóbal.
De igual forma el imputado Julián Esteban Suriel Suazo, a quien le fue ocupado un depósito ilegal de armas, José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda, fueron enviados a prisión preventiva en la cárcel Modelo de San Pedro de Macorís, por un periodo de tres meses.
Arresto domiciliario
Respecto a Carmen Magalys Medina Sánchez, la otra hermana del expresidente Medina se le impuso cumplir tres meses de arresto domiciliario con un brazalete en casos especiales y estar bajo vigilancia del ministerio público. Lo mismo fue impuesto para Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud.
A ambos se les impuso presentar una fianza de 10 millones de pesos mediante contrato y se se les colocó impedimento de salida del país.
Mientras que Rafael Antonio Germosén Andújar, excontralor general de la República, también cumpliría arresto domiciliario con impedimento de salida del país.
Avance de investigación
Pero no todo quedó ahí. Luego de que el caso fuera tendencia por un largo tiempo en las redes sociales, medios de comunicación y que la opinión pública cursara una polémica que envolvió al país por las acusaciones y apresamientos de dos hermanos de Danilo, el proceso judicial continuó su curso y algunas cosas cambiaron.
Por ejemplo, meses más tarde, el 9 de septiembre del 2021, la jueza suplente del Tercer juzgado de la Instrucción Yanibet Rivas, varió la prisión por arresto domiciliario de Francisco Pagán Rodríguez, Aquiles Alejandro Christopher y Julián Esteban Suriel Suazo, quienes ahora son colabores de la investigación.
En esa misma audiencia, el tribunal otorgó un plazo al ministerio público hasta el pasado 3 de diciembre de este año para que presente la acusación en contra de Alexis Medina y los demás imputados del Caso Pulpo.
Estatus de investigación
Tal y como pautó la jueza suplente del Tercer juzgado de la Instrucción Yanibet Rivas en septiembre de 2021, dio prórroga de cuatro meses al ministerio público para que continúe presentando pruebas formales sobre los imputados este pasado 3 de diciembre.
Sin embargo, este tiempo fue cumplido y los procuradores no depositaron más acusaciones ante la jueza coordinadora de los juzgados de la instrucción, Kenya Romero aunque todavía tienen 10 días más conforme al artículo 44.12 del Código Procesal Penal.
El procurador adjunto Wilson Camacho, explicó el retraso en “que aún se están analizando las últimas informaciones obtenidas” donde figuran las de la Cámara de Cuentas.
“El ministerio público está analizando las últimas informaciones obtenidas, incluso las que le llegaron desde la Cámara de Cuentas, un procedimiento rutinario en los procesos, sobre todo en los que se trata de criminalidad compleja, que nos facilita el marco jurídico vigente”, argumentó el procurador adjunto.
Integrantes de su seguridad
Otras personas de máxima confianza del exmandatario incluidos en casos de corrupción son dos militares que siempre guardaban su espalda durante las actividades a la que asistía.
Se trata del mayor general Adán Cáceres quien fungía como jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial de Danilo Medina y el general de brigada Julio Camilo de los Santos Viola, subjefe de seguridad. Ambos fueron apresados en operaciones anticorrupción desmanteladas por el ministerio público.
Adán Cáceres
Cáceres es el principal acusado de “Operación Coral” que se inició el 24 abril con 27 allanamientos simultáneos en diferentes provincias del país.
A este se le acusa de liderar una supuesta red de corrupción que también incluía la pastora Rossy Guzmán Sánchez y su hijo, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, el coronel policial Rafael Núñez de Aza, Raúl Alejandro Girón Jiménez y el sargento de la Armada, Alejandro José Montero Cruz.
Durante una de las de audiencias el ministerio público afirmó que la relación comercial entre Guzmán y Núñez de Aza empezó en 2006 con la creación de la empresa Inverosa, donde la pastora tenía el 85 por ciento.
También afirmaron que la misma continuó con la fundación de Único Real Estate S.R.L., que a su vez fue constituida como base de la empresa CSNA, que está bajo el nombre de Núñez de Aza y Cáceres Silvestre.
El objetivo del entramado era ocultar los presuntos bienes ilícitos adquiridos por los imputados, para ser posteriormente introducidos al mercado, a través de Único Real Estate.
Las empresas recibían cientos de millones de pesos gracias a los depósitos en efectivo de militares subalternos, los cuales luego eran invertidos en compras de propiedades y vehículos de motor a favor de los imputados.
También cobraban cuotas a militares y policías para mantenerlos al frente de terminados puestos en el Cusep y en el Cestur cuyos salarios rondaban entre los 20 mil y los 70 mil pesos.
Prisión
El 10 de mayo de este año la jueza Kenya Romero impuso 18 meses de prisión preventiva contra Adán Cáceres y todos los demás implicados en el caso: el teniente coronel de la Policía, Rafael Núñez de Aza; el cabo de la Policía e hijo de la pastora, Tanner Antonio Flete Guzmán y el sargento Alejandro José Montero Cruz, que la cumplen en el centro Najayo hombres, en San Cristóbal.
Mientras que en el caso de la pastora Rossy Guzmán Sánchez cumple prisión en penal Najayo mujeres.
En julio y posteriormente en octubre el tribunal ratificó la medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva luego de que la defensa de este presentara dos recursos de apelación.
Julio Camilo de los Santos Viola
Este pasó a liderar el equipo de protección de Danilo Medina una vez el general Adán Cáceres fue apresado, siendo el segundo uniformado más cercano al expresidente en caer en manos de la justicia.
Santo Viola fue apresado en noviembre como parte de los implicados en la Operación Coral 5G que se desglosa de la Coral.
La red que estaba supuestamente dirigida por altos mandos militares de diferentes cuerpos castrenses, operaba mediante un entramado delictivo que se manejaba dentro del CUSEP y del Cestur bajo un esquema piramidal, basado en el reclutamiento de militares de otras instituciones, según ha señalado el Ministerio Público en su investigación.
Según el ministerio público los agentes eran seleccionados para ser reclutados e integrados a las nóminas con salarios entre 20 mil y 70 mil pesos mensuales, monto que debía ser devuelto en su totalidad, salvo en excepciones de algunos militares que tenían la autorización de quedarse con 2 mil pesos o hasta 10 mil pesos.
Todo el dinero era recolectado por otros miembros que pertenecían a la red y lo entregaban a otros para que sean distribuidos entre un grupo reducido de personas.
La jueza Kenya Romero del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional separó al general Juan Camilo de los Santos Viola del conocimiento de la medida de coerción luego de que su defensa argumentara que la magistrada emitió las órdenes de arresto contra los imputados y se auto designó para conocer la medida de coerción, lo que han considerado como “improcedente”.
Mientras que a los otros 12 implicados se le conoció la medida de coerción con petición de 18 meses de prisión preventiva, con los generales Juan Carlos Torres Robiou y Boanerges Reyes Batista como principales cabezas.
Otros implicados son el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD), los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo (FARD) y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez (FARD).
También, el teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) y el mayor José Manuel Rosario Pirón (PN); el primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega Polanco.
Francisco Pagán Rodríguez
Pagán era otro funcionario muy cercano a Medina, tanto así que fungió como director general de la Oficina Supervisora de Obras del Estado (Oisoe) desde el 3 de agosto de 2015 hasta que finalizó el segundo gobierno de Danilo Medina en agosto de 2020.
De acuerdo a las investigaciones de la Pepca, Pagán recibía visitas de Juan Alexis Medina a la Oisoe hasta tres y cuatro veces a la semana y hasta se le consideraba más poderoso que el director de la institución.
Este guarda prisión domiciliaria luego de que fuera variada su medida de coerción por colaborar con el ministerio público durante la investigación.
Mientras las investigaciones avanzan más se estrecha el circular cercano a Danilo Medina al tiempo que el ministerio público insiste en que los corruptos seguirán cayendo.
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