El contrato, transformado en concesión posteriormente y modificado en el 2006 y 2007, siendo Leonel Fernández presidente de la República Dominicana, no contó con la supervisión del control estatal en el aspecto fiscalización financiera y operacional.
La comisión también concluyó que la cesión del proyecto Boulevard Turístico del Atlántico por parte de Autopista del Nordeste y aprobado por la entonces Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones, fue una violación al principio de legalidad de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones.
La investigación determina que Obras Públicas no podía elegir de manera individual a su contratista, sin antes someterlo a la concurrencia de otros oferentes, lo que no cumplió la entidad.
“Con esa auto cesión, se desvía la fuerza contractual hacia otro proyecto que contiene objetos distintos al de la concesión original”, dice la investigación a la que tiene acceso N Digital.
Esta investigación fue solicitada al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) a pedido de una comisión del Senado de la República.
Ayer, el presidente de la República, Luis Abinader, anunció que el país pagará 410 millones de dólares al consorcio colombo-dominicano para finalizar el contrato de concesión de la autopista que une a Santo Domingo con la turística provincia de Samaná (noreste) y que suponía una “infamia” para el país.
El contrato, que empezó a cumplirse en 2008 por un período de 30 años, tiene una cláusula que obliga al Gobierno de turno a garantizar determinados ingresos mínimos anuales a la concesionaria, lo que es conocido en el país caribeño como “peaje sombra”.
El presidente dominicano, Luis Abinader, dirigió un discurso a la nación en el que reveló haber alcanzado un acuerdo “amigable” con el consorcio para dar por concluido el contrato de la autopista del Nordeste Juan Pablo II, de unos 106 kilómetros.
De acuerdo al presidente, los 410 millones de dólares es el monto aproximado que habría que pagar por el “peaje sombra” en los próximos cuatro años y 4 meses.
El jefe de Estado calificó de “injusta” y “lesiva” esa carga para el país y opinó que la finalización del contrato de operación “permite liberarnos de una pesada y desproporcionada carga, lo cual nos permitirá atender otras prioridades de infraestructura vitales para el desarrollo económico de nuestro país”.
Abinader también anunció que el Gobierno ha decidido, con efectividad al 1 de enero venidero, reducir en promedio un 20 % del coste del peaje, para beneficio de las comunidades aledañas y de la ciudadanía en general.
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