La entidad reiteró su disposición de poner todas sus estructuras en coordinación con el Ministerio de Salud, el de Educación, el Colegio Médico, las sociedades especializadas y otras entidades profesionales y así, “crear las condiciones para el retorno a las clases presenciales de manera segura”.
La ADP envió una carta al ministro de Educación, Roberto Fulcar, el pasado 7 de enero donde solicita un diálogo “a los fines de afrontar juntos la problemática de la salud de la comunidad educativa.”
También, el Ministro de Educación manifestó que está abierto al diálogo, pero que quiere las escuelas abiertas.
“Siempre hemos estado abiertos y prestos al diálogo, sin negociar el derecho de los estudiantes a su educación, el cual es sagrado. Nuestra prioridad es y continuará siendo la transformación de la educación dominicana”, manifestó en su cuenta de Twitter Fulcar.
A pesar de las manifestaciones paras dialogar, hasta el momento no se ha producido un acercamiento del gremio que agrupa a los maestros y el Ministerio de Educación, para buscar una solución a la ausencia de los docentes de los centros educativos.
Mientras que el secretario de Educación y Doctrina del Partido Revolucionario Moderno, Rafael Santos Badía, llamó a un entendimiento entre el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores para lograr el retorno a la docencia presencial.
Santos Badía entiende que la posición de los partidos políticos que no apoyan la vuelta a clases refleja la inmadurez política de la República Dominicana.
“No se puede afectar a los niños que asisten a las escuelas públicas, que son los que se están perjudicando en última instancia, de un conflicto que la sociedad no entiende”, expresó.
Para la Fundación Institucionalidad y Justicia, (FINJUS), es preocupante la situación que se ha creado con la no integración de los docentes a las clases presenciales.
“Inquieta a amplios sectores de la sociedad dominicana que la ADP se arrogue una función institucional que no le corresponde, al desconocer las decisiones de los órganos e instituciones que por mandato constitucional y legal están llamados a regular y adoptar las medidas que se requieran para asegurar el normal funcionamiento de la vida nacional”, expresó la entidad.
Lamenta FINJUS que desconociendo los llamados de las autoridades educativas, de la salud y de amplias capas sociales, la ADP reitera una conducta que en ocasiones anteriores ya ha sido sancionada por los tribunales de la República, que es la de afectar el derecho a la educación de niños y adolescentes dominicanos por adoptar decisiones al margen de los mecanismos previstos por las leyes.
El reinicio de las clases fue pautado por el Minerd para el 11 de enero, luego de las vacaciones por la Navidad, de manera presencial y voluntaria, pero los maestros no se integraron a las aulas.
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