La corrupción lleva una década enquistada en América Latina, con escasos avances y muchos retrocesos en materia de democracia y derechos humanos, según Transparencia Internacional, que hoy alertó del deterioro especial en Centroamérica.
Prácticamente ningún país puede presumir de mejoras importantes en estos últimos diez años en los que se lleva publicando el índice, puesto que la gran mayoría apenas han registrado avances o incluso han retrocedido en la clasificación que TI elabora cada año.
A la cabeza repiten Uruguay y Chile, con 73 y 67 puntos respectivamente sobre un máximo de 100, mientras que Venezuela (14) y Nicaragua (20) siguen siendo los países más corruptos de la región según ese índice.
Del resto, el único que aprueba es Costa Rica, con 58 puntos, al que siguen Cuba (46), Colombia (39), Argentina, Brasil (38), Ecuador, Panamá, Perú (36), El Salvador (34), México (31), Bolivia, República Dominicana, Paraguay (30), Guatemala (25) y Honduras (23).
El año pasado el país ocupaba el lugar 137 de los 180 países participantes, con 28 puntos.
El informe repasa también la evolución en estos últimos diez años de clasificaciones: Paraguay es el único que ha mejorado significativamente su puntuación; Chile, Guatemala, Honduras, Nicaragua o Venezuela han caído considerablemente.
Luciana Torchiaro, asesora regional para América Latina de TI, explicó a Efe que este estancamiento no solo "ha socavado la democracia y los derechos humanos", sino que también ha reincidido en los índices de pobreza y desigualdad y afectado a la lucha contra la pandemia.
La ONG lamenta que a pesar de tener un amplio desarrollo legislativo y un compromiso regional de actuar contra este fenómeno, la corrupción sigue debilitando la democracia y el respeto de los derechos humanos.
Torchiaro reconoce que la región cuenta con una buena legislación contra la corrupción y que los gobiernos han asumido compromisos pero que "faltan acciones firmes para cumplirlos".
Para ello, opina la analista, "hay que dotar a los organismos públicos encargados de implementar estas leyes de los recursos necesarios económicos y técnicos, y, por supuesto, sumarle voluntad política”.
Además, Torchiaro incide en la importancia de garantizar la separación de poderes, en una región donde "el sistema de pesos y contrapesos es muy débil".
TI denuncia que en 2021 se produjeron en América Latina graves ataques contra la prensa, la libertad de expresión y la libertad de asociación. Derechos civiles y políticos que califica de "fundamentales para que haya democracias sanas y sin corrupción".
El informe muestra especial preocupación por la situación en Centroamérica, donde alerta del creciente autoritarismo en Nicaragua y El Salvador.
En Nicaragua, la concentración de poder ha permitido que el gobierno de Daniel Ortega viole los derechos humanos y se burle del sistema electoral, denuncia la ONG.
En El Salvador, el gobierno de Bukele ha emprendido una deriva autoritaria con medidas que socavan la independencia del poder judicial y con ataques públicos a organizaciones de las sociedad civil, activistas y periodistas independientes.
Sobre Venezuela, subraya que no solo se sitúa a la cola de la clasificación, sino que ha obtenido la puntuación más baja de su historia y el país es uno de los más corruptos del mundo.
TI lamenta que las promesas hechas en campaña electoral de lucha contra la corrupción no llegan en la mayoría de casos a materializarse.
Dice que en México no se ha avanzado nada este año pese a la retórica anticorrupción del presidente López Obrador. Destaca los grandes escándalos de corrupción que involucran a colaboradores del gobierno y las críticas por uso político y electoral de la Fiscalía General.
Argentina es el país latinoamericano que más retrocede en 2021, pierde 4 puntos respecto a 2020, resultado de la sensación de impunidad derivada de la injerencia política en la justicia y, sobre todo, de los escándalos relacionados con el proceso de vacunación.
Entre las democracias más robustas de la región destacan Uruguay y Chile. El primero consigue mantenerse, demostrando que la solidez de las instituciones, la independencia judicial y los derechos fundamentales son claves para combatir la corrupción.
"Lo que hemos podido confirmar con el caso de Uruguay es una de las grandes hipótesis de Transparencia Internacional: cuando las instituciones fuertes y democráticas funcionan, la corrupción es menor", añade Torchiaro.
En cambio, Chile sigue estancado en los 67 puntos desde 2017. Los escándalos de corrupción relacionados con la política o con las fuerzas de seguridad conocidos en estos diez años, como el Pentagate de 2014, han socavado la confianza en las instituciones en el país, que sigue lejos de los 73 puntos que llegó a alcanzar.
Sin embargo, TI celebra que el país tiene una "oportunidad única" para revertir esta tendencia si incorpora elementos anticorrupción en la propuesta de una nueva Constitución.
"Es fundamental que los gobiernos pasen de la palabra a la acción", reclama Torchiaro, para quien es importante también que la ciudadanía pueda controlar al poder, exigir la rendición de cuentas y cuestionar lo que está pasando.
"Los grandes cambios no solo suceden desde arriba, sino también desde abajo. El éxito en la lucha contra la corrupción depende de que todos los sectores, todas y todos, pongamos un granito de arena", concluye la analista.
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