Actualmente hay 38 implicados en la presunta red aguardando para que se les conozca medida de coerción. Entre ese grupo resaltan los nombres de Sucre Rafael Rodríguez Ortix y Pablo Miguel Balbuena, alías “La Válvula”, como supuestos cabecillas.
En el documento depositado por el Ministerio Público (MP), mismo donde el órgano persecutor pide 18 meses de prisión preventiva como medida cautelar para todos los detenidos, se ofrecen detalles inéditos del modus operandi de la red.
Piezas claves de la red
Según las investigaciones preliminares del Ministerio Público, la red se compone de un “abridor”, el cual tiene la responsabilidad de conseguir a las víctimas captando su atención para, de esta manera, obtener su información personal y hacer más fácil la extorsión.
Otra pieza clave es el “cerrador”, operador clandestino que debe manejar el idioma inglés y poseer un alto “poder de convencimiento” para lograr que la víctima acceda a depositar las altas sumas de dinero que suelen pedir a través de la intimidación y la estafa.
Esta estructura también figura un “supervisor”, descrito dentro del documento como “la persona que monitorea a los abridores y cerradores para que contacten más víctimas”, logrando así un mayor número de estafas.
El cuarto eslabón es el “técnico”, miembro del centro de operaciones que se encarga de dar soporte ante cualquier falla que se presente con los dispositivos. Esta pieza cuida que no haya ninguna interferencia a nivel informático que pueda impedir el trabajo de los abridores y cerradores para cometer sus fechorías.
Aparentemente, los presuntos implicados en esta red operaban bajo un esquema muy organizado donde hacían uso de un “guión preelaborado y por escrito” al que debían ceñirse los abridores y cerradores mientras conversaban con la víctima.
Asimismo, también operaban con un “listado”, el cual no es más que una base de datos donde guardaban toda la información personal que recababan de sus víctimas.
Estructura del sistema criminal
Las ganancias de la red le permitieron obtener un sistema informático que ubicaba en las redes sociales los perfiles más susceptibles para convertirse en víctimas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los supuestos "chiperos" buscaban personas mayores de 65 años de edad retirados y vulnerables específicamente en Santiago y Puerto Plata, ya que consideraban a este grupo como un “blanco fácil” para sus fines.
La red cibercriminal usaba como “modus operandi” las llamadas telefónicas, vías por las que los hoy implicados en la Operación Discovery supuestamente realizaban los delitos de extorsión sexual, intimidación, usurpación de funciones de agentes del FBI, robo de identidad, entre otras imputaciones.
Además, se señaló que los presuntos extorsionadores utilizaron el sistema financiero nacional para movilizar altas sumas de dinero. Asimismo, hicieron uso de las criptomonedas y de centros de envíos de remesas para hacer depósitos al exterior, mismos que beneficiarían al otro eslabón de la red, terceras personas denominadas como “mulas”.
El Ministerio Público sostuvo que las actividades toda esta estructura delictiva dio como resultado el “evidenciado un enriquecimiento ilícito por la ostentación y exhibicion de vehículos de alta gama, compra de apartamentos y propiedades, equipos electrónicos y servicios tecnológicos, vestimentas lujosas, así como también la celebración de fiestas nocturnas con bebidas alcohólicas de alto costo.
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