La coronela de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), dijo no conocía la figura del Defensor del Pueblo y que no tenía ninguna negativa de recibirlo.
De los Santos Pérez añadió que cuando el Defensor del Pueblo y los miembros de la prensa llegaron al Canódromo, en el momento, ella desconocía lo que ocurría porque estaba en su oficina, pero minutos después fue avisada de que una turba había ingresado al lugar, como en otras ocasiones ha pasado, a reclamar sus vehículos.
Ysabelita de los Santos Pérez habló al ser entrevistada vía telefónica en el programa radial el Sol de la Mañana.
El incidente
La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre entró el lunes pasado en desacato a la Ley del Defensor del Pueblo al impedir que este funcionario inspeccionara el centro de retención de vehículos ubicado en el Canódromo para investigar denuncias de retenciones ilegales por parte del organismo adscrito a la Policía Nacional.
Agentes de servicio en el Canódromo agredieron al Defensor del Pueblo, a sus acompañantes y a un grupo de periodistas como forma de impedir el ingreso a las instalaciones.
Inicialmente la Digesett intentó justificar la acción alegando que el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, no había notificado que visitaría el lugar, obviando que la Ley que crea esa institución de garantías de derechos ciudadanos faculta al incumbente a inspeccionar cualquier instalación pública sin necesidad de notificación previa.
El artículo 3 del la Ley 19-01 que crea esa institución establece que «El Defensor del Pueblo o sus Adjuntos podrán inspeccionar las oficinas públicas y aquellas entidades prestadoras de servicios públicos, sin previo aviso, y requerir de ellas todos los documentos e informaciones necesarias para materializar su labor, los cuales les serán suministrados de forma gratuita».
Luego del incidente y posterior a un comunicado de prensa en el que la Digesett decía lamentar el suceso, pero señalando que se había procedido así porque Pablo Ulloa no había notificado su visita (aunque la Ley lo autoriza a proceder de esa manera), fue destituida la encargada del Centro de Retención Vehicular, coronela Ysabelita de los Santos Pérez. En su lugar fue designado el teniente coronel Hipólito Rijo Santana, de manera interina.
La Sociedad Dominicana de Diarios, Inc. (SDD) deploró y condenó la agresión cometida contra varios periodistas, reporteros gráficos, camarógrafos y el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, durante una jornada de inspección al centro de retención de vehículos denominado “Canódromo El Coco”, en la avenida Monumental, Distrito Nacional.
Persio Maldonado Sánchez, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, dijo que se trata de un ataque inaceptable e incomprensible, toda vez que en el caso de los equipos de prensa que acompañaban al Defensor del Pueblo, estos cumplían con la sagrada misión de informar a la población sobre lo acontecido en ese momento.
Manifestó que acciones de esta naturaleza son las que al final vendrán a engrosar la lista de eventos contra la libertad de prensa, de expresión y difusión en la República Dominicana, que sin duda siempre termina afectando la imagen del país y, por consiguiente, la de los gobiernos.
Pablo Ulloa, el Defensor del Pueblo, invocaba en todo momento el artículo 190 de la Constitución, que consagra la autonomía y la independencia en las funciones de este órgano constitucional.
Exige. La Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) considera que la transgresión contra el libre ejercicio de informar desde los medios de comunicación no puede ser permitido bajo ninguna circunstancia, y por tanto exige que los hechos acontecidos este lunes en el Canódromo sean debidamente castigados.
Hechos como estos, dice la SDD, no pueden ser pasados por alto, porque cuando no se establece la debida sanción, se crean las condiciones para el retroceso “en todo lo que hemos avanzado en cuanto al libre ejercicio del periodismo, que tanto sacrificio y sangre les ha constado a los dominicanos”.
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