Esto lo informó ayer Wilson Camacho, titular de ese ente, quien indicó que las propiedades estan ubicadas en el Distrito Nacional y La Romana, y las acciones de incautación están amparadas por autorizaciones de un juez competente que ordenó el secuestro de esas propiedades, con su títulos.
Camacho manifestó que en La Romana fueron incautautadas, no allanadas, a su modo de aclaración, cuatro propiedades, entre estas una villa y un solar.
Mientras, en el Distrito Nacional fueron incautados tres bienes, dos oficinas y un bien inmueble.
El titular de la Pepca señalo que todos estos bienes irán a un proceso para que un juez decida sobre su decomiso, que a su juicio han sido adquiridos con dinero sustraído de fondos públicos.
Dijo que durante el proceso de la Operación Medusa han sido identificado un esquema de corrupción sin precedentes en la República Dominicana, “algo simplemente escandaloso”, para distraer bienes del erario.
Informó que se está utilizando cada segundo disponible para recuperar esos bienes, tal como ocurrió ayer, cuando fueron incautados tres bienes en el Distrito Nacional.
“Ustedes pueden tener la seguridad de que nosotros dedicaremos tiempo para que cada peso sustraído del erario sea recuperado en esta etapa del proceso”, garantizó Camacho.
Más temprano, se informó de que un juez había emitido orden de secuestro de una oficina propiedad del exprocurador Jean Alain Rodríguez, el principal encartado del caso Medusa.
Pero el equipo de defensa de Jean Alain dijo que representantes del ministerio público se apersonaron “de manera atropellante” en sus oficinas, de las de Jean Alain, impidiendo a los abogados ingresar a las instalaciones, y reteniendo equipos y celulares del personal.
Ante eso, una fuente de la Procuraduría General de la República aseguró que el inmueble es propiedad de Jean Alain, y está ubicado en el Solazar Business Center, próximo a la avenida Gustavo Mejía Ricart.
Los abogados del encartado calificaron de “irresponsable” las acciones del órgano persecutor, asegurando que fueron motivadas porque, supuestamente, “la auditoría realizada por la Cámara de Cuentas no encontró pruebas de que su cliente haya cometido algún delito”.
“Ese acto irresponsable y fuera de la ley obedece a una desesperación del Ministerio Público por los resultados preliminares de la auditoría de la Cámara de Cuentas, que no encontró sobreevaluación, sobornos, ni vicios de construcción”, argumentó la defensa legal de Jean Alai
El expediente del Caso Medusa señala que los encartados integraban una red criminal de corrupción que operó desde la PGR y estafó al Estado con más de 6, 000 millones de pesos.
.jpg)
Social Buttons