Este tramo clave del juicio ha comenzado luego de que la vicepresidenta argentina fuera objeto el pasado día 1 de un intento de atentado, en un contexto de elevada tensión entre el oficialismo y la oposición, que ha crecido desde que el pasado 22 de agosto el fiscal que interviene en el proceso oral solicitara para ella una pena de 12 años de cárcel.
En el caso se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos del fallecido presidente y esposo de Cristina Fernández Néstor Kirchner (2003-2007) y de ella misma en la provincia austral de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.
La defensa de Héctor René Jesús Garro, expresidente de la Administración General de Vialidad de la provincia de Santa Cruz, fue la que abrió hoy la etapa de alegatos.
El abogado de Garro inició su intervención manifestando el «rechazo» al ataque frustrado a Cristina Fernández e imploró a Dios que el «odio no gane» y que «cualquier manifestación violenta sea absolutamente una excepción de las reglas de la sociedad y la convivencia social».
Para las próximas semanas se espera el alegato del defensor de la vicepresidenta, quien está acusada por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta de recursos públicos.
PETICIÓN DE CONDENA
La Fiscalía pide para Fernández una condena de 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al tiempo que propuso decomisar bienes de los acusados en este juicio por una cuantía de 5.231 millones de pesos (unos 36,4 millones de dólares).
En sus alegatos finales, los fiscales acusaron a la exmandataria de haber creado, junto a Néstor Kirchner, «una de las matrices más extraordinarias de corrupción» en Argentina.
En la causa también están acusados el propio Báez, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López, entre otros exfuncionarios.
En el caso de Garro, su defensor pidió la absolución de su representado y contestó las acusaciones de los fiscales diciendo que «no se puede identificar una línea argumental que no sea tergiversar pruebas, en abusar de falacias circulares y afirmar cuestiones absolutamente inexistentes».
DEFENSA Y POLARIZACIÓN
La exmandataria adelantó una defensa al emitir un discurso el 23 de agosto pasado, a través de sus redes sociales, en el que aseveró que este proceso oral, iniciado en mayo de 2019, es «un juicio al peronismo y a los gobiernos nacionales y populares».
Fernández culpó a los fiscales de adoptar el «guion» de los medios de comunicación afines a la actual oposición política, afirmó que la sentencia «ya estaba escrita» en su contra y volvió a denunciar un «lawfare» (persecución judicial).
Tras la petición de condena en su contra, la vicepresidenta logró situar tras ella a un peronismo hasta entonces fuertemente dividido, en particular por la política económica.
Incluso el presidente argentino, Alberto Fernández, con quien la vicepresidenta ha expresado sus diferencias, salió en su defensa, lo que le valió críticas y demandas judiciales por parte de la oposición por la supuesta intromisión en causas judiciales.
Desde la acusación formulada por la Fiscalía, se montó una vigilia en las puertas del edificio donde vive la vicepresidenta, en el barrio capitalino de Recoleta, que avivó las tensiones entre el oficialismo y la coalición opositora Juntos por el Cambio, a la que pertenece el expresidente Mauricio Macri (2015-2019) y que gobierna la ciudad de Buenos Aires.
Fue en el marco de esa vigilia montada por militantes kirchneristas que el pasado día 1 un hombre de nacionalidad brasileña fue detenido tras apuntar con una pistola a la cabeza de la vicepresidenta, sin que saliera el disparo.
Ante el grave incidente, José Mayans, un senador kirchnerista, propuso: «¿Queremos paz social? Paremos el juicio de Vialidad».
Pero otro senador también cercano a la expresidenta, Oscar Parrilli, pidió para Cristina Fernández «sólo justicia», «sin paralizaciones» del proceso o «injerencias extrañas» y «con jueces imparciales».
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