El Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM) dispuso la suspensión del proyecto de capacitación “Bachilleres Bilingües Productivos”, que estaba supuesto a ser ejecutado a través de la academia Valdez Professional Training, SRL (PTS), mediante el cual se formarían 700 docentes y 297,732 estudiantes del sector público.
El Inafocam justificó la suspensión señalando que el proyecto no se inició en el tiempo previsto y tampoco estaba contemplado en el Plan Operativo Anual (POA) del pasado año 2022.
Además indicó que para su adjudicación a Valdez Professional Training, SRL (PTS) fue necesaria una modificación presupuestaria que implicó el desvío de RD$ 598 millones, equivalentes al 94 por ciento de los fondos del Instituto, previamente destinados para la capacitación de los docentes a través de diplomados, talleres, seminarios y cursos en las diferentes áreas y líneas pedagógicas.
Explica que encabeza Francisco Ramírez, dispuso hacer un levantamiento de la situación del Inafocam, en el cual se encontraron varias irregularidades, entre ellas la discrepancia entre el tiempo establecido para los resultados del personal a ser impactado por la alegada capacitación y que, según PTS, en solo 3 meses los participantes tendrían dominio del idioma, lo que es pedagógicamente improbable.
Además, señala esa entidad que el instituto realizó un levantamiento para validar la implementación de la estrategia del programa en tres de los cinco ejes que componen las 18 Regionales Educativas del país sin encontrar evidencias de actividades relacionadas con entrenamientos, acompañamientos, ni talleres como lo establece el contrato suscrito.
“La investigación comprobó que la contratación fue sometida mediante proceso de excepción como proveedor único marcado con la ficha Inafocam-PEPU-2022-0002, de fecha 21 de septiembre del 2022 en violación al artículo 3, numeral 6, del Reglamento 543-12 de la Ley 360-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones”, sostiene.
Precisa que en la revisión y validación de la contratación se evidenció que, en reiterados momentos, tanto la Dirección General de Compras y Contrataciones como la Contraloría General de la República, realizaron observaciones al proceso que no fueron asumidas, y que la rescisión estuvo amparada en que dicho contrato tampoco cumple con el requisito de estar registrado ante la Contraloría General de la República.
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