De fallar por un auto de apertura a juicio, el juez “considera qu la acusación tiene fundamentos suficientes para justificar la probabilidad de una condena” de los imputados, establece el artículo 303 del Código Procesal Penal.
En caso de dictar un no ha lugar es porque entiende que los hechos que se les señalan a los involucrados no fueron cometidos por estos; la acción penal se ha extinguido, el hecho no constituye un tipo penal; la persona no puede ser considerada penalmente responsable o fueron insuficientes los elementos de prueba para fundamentar la acusación, según establece la ley 76-02 modificada por la 10-15.
El supuesto fraude cometido por la red contra el Estado se produjo, según la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) en las dos gestiones consecutivas del expresidente Danilo Medina (2012-2020), hermano de los imputados, a través de licitaciones que señala como irregulares en las que se seleccionaban las empresas de Alexis Medina para suplir de equipos hospitalarios, medicamentos, combustibles y hasta cemento asfáltico (AC-30).
“Las acciones delictivas de sustracción de fondos de la organización criminal afectaron el sistema de salud pública, la educación, la seguridad ciudadana a través de la Policía Nacional, el sistema de energía eléctrico (a través de EdeEste y la UERS), la seguridad vial” y las elecciones nacionales del 2016 y 2020 a través “de financiamiento ilícito de las campañas electorales con los fondos de las empresas reformadas (Fonper), dice el Ministerio Público.
Fernando Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), es también uno de los principales imputados en el expediente y cuya suerte está en manos del joven magistrado de 35 años.
Entre las empresas que se le atribuyen a Alexis Medina, están General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L.
Carmen Magalys Medina Sánchez, vicepresidenta entre 2012 y 2020 del Fonper, en su condición de vicepresidenta administrativa, era miembro del Comité de Compras y Contrataciones de la institución, función, que, según la Pepca, utilizó para favorecer a las compañías de su hermano.
Además de Alexis, Carmen Magalys y Rosa, otros que figuran en el expediente son Wacal Vernavel Méndez Pineda y José Dolores Santana Carmona.
También Francisco Pagán Rodríguez, exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y Aquiles Alejandro Christopher, antiguo fiscalizador de esa unidad estatal.
Asimismo, Julián Suriel Suazo, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, quien era ministro de Salud Pública; al excontralor general Rafael Antonio Germosén y a Domingo Antonio Santiago Muñoz. En total son 27 personas físicas acusadas, una de ellas (Rafael Leónidas De Óleo) prófuga y 21 empresas.
El juez deberán también decidir si acoge o rechaza el acuerdo entre los acusados Pagán, Suriel Suazo, Santiago Muñoz y Lewin Ariel Castillo con el Ministerio Público.
El juez Deiby Timoteo Peguero es un joven políglota de 35 años, ocho de ellos de experiencia en la judicatura. Como magistrado de Instrucción ha tenido que decidir casos como el del narcotraficante Pascual Cabrera; siendo juez suplente de colegiados, la muerte de la rumana Andreea Celea y el proceso del también narco Bienvenido Guevara Díaz (Maconi).
Comenzó su carrera en el Juzgado de Paz de Tránsito de La Vega. Su trayectoria incluye salas civiles y laborales y en el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega. Timoteo Peguero alterna su función de juez con la docencia.
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