“Ahora vamos al juicio, y en el juicio iremos por el resto de las condenas de las personas procesadas en este caso y que irán hasta el juicio”, manifestó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca)
“Desde el día uno de este caso nosotros hemos dicho que presentamos ante los tribunales procesos blindados, y esta es la mejor muestra de que cumplimos, presentando procesos blindados”, dijo respecto a la decisión del juez Deiby Timoteo Peguero, quien dictó el auto de apertura a juicio contra los procesados.
En el transcurso del proceso los imputados Francisco Pagán, exdirector de la Oficina Supervisora de Obras del Estado; Julián Esteban Suriel Suazo, Lewin Ariel Castillo y Domingo Antonio Santiago realizaron acuerdos con el Ministerio Público, los cuales fueron acogidos como buenos y válidos por el tribunal.
“Todos los acusados de este caso fueron enviados a juicio, solo con la excepción de aquellos que habían acordado con el Ministerio Público. Sobre esto es necesario resaltar que es la primera vez en la historia de República Dominicana que un funcionario admite los hechos en la audiencia preliminar y es condenado en este caso a una pena de cinco años”, expresó Camacho.
El magistrado Peguero dio inicio a la audiencia con las respuestas a las cuestiones incidentales presentadas durante esta etapa del proceso judicial.
La lectura íntegra del fallo fue fijada para el próximo 21 de marzo, a partir de las 2:00 de la tarde.
Por razones de espacio la lectura del fallo preliminar fue realizada en la sala del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Del principal acusado, Juan Alexis Medina Sánchez, el expediente establece que creó un entramado societario y, utilizando tráfico de influencias, al ser hermano del expresidente de la República Danilo Medina Sánchez (periodos constitucionales 2012-2016, 2016-2020), realizó un conjunto de maniobras fraudulentas, en asociación con funcionarios.
Señala que se hizo adjudicar a su nombre, así como a terceros, obras, bienes y servicios del Estado, operando como criminalidad organizada.
Los tipos penales en que incurrieron los procesados incluyen la asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo y uso de documentos falsos, así como financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia y lavado de activos.
También, coalición de funcionarios, concusión, tráfico de influencia y falsedad en escritura pública, así como falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, prevaricación, uso de prestanombres y testaferrato.
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