El entramado de corrupción desmontado este domingo por el Ministerio Público con la Operación Calamar, distrajo a los contribuyentes más de 19 mil millones de pesos y afectó a instituciones como el Ministerio de Hacienda,
La Contraloría General de la República, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Dirección General de Bienes Nacionales, la Dirección General de Catastro Nacional y a Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado (Oisoe), entre otras.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los arrestados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal.
También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
Como fruto de la operación, que incluyó unos 40 allanamientos, hasta el momento hay 19 personas bajo arresto que serán presentadas en las próximas horas ante los tribunales.
La investigación realizada por el Ministerio Público tomó varios meses debido a su alto nivel de complejidad.
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