La cantidad de dominicanos que tiene impedimentos de salida del territorio nacional y entre ellos, hay más de 200 ex funcionarios gubernamentales y altos oficiales retirados de las Fuerzas Armadas y la Policía vinculados en actos de corrupción en los últimos años.
Informes fidedignos obtenidos en el Aeropuerto de Las Américas indican que también hay más de trece mil extranjeros residentes en República Dominicana que no pueden salir del país, porque tienen asuntos judiciales pendientes en distintas jurisdicciones penales.
Se dijo que los más de 200 ex funcionarios gubernamentales y altos miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que no pueden salir del territorio nacional, están vinculados en los supuestos actos de corrupción denominados por el Ministerio Público como Anti pulpo, Coral, Medusa y Calamar.
La mayoría de los vinculados ocuparon puestos de jerarquía en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que encabezaron el doctor Leonel Fernández Reyna Y Danilo Medina Sánchez, respectivamente.
También del presente gobierno, hay varios ex –funcionarios contra quienes existen ordenes de impedimentos de salida del país debido a que contra ellos se llevan a cabo procesos judiciales por la comisión de supuestos actos de corrupción en entidades que dirigían.
Otros casos de impedimentos
En los listados de personas impedidas de salir del país, también figuran ex –diplomáticos, exdirectores de Migración, pasados síndicos, regidores, miembros de las Fuerzas Armadas activos y en retiro, banqueros, empresarios de distintas ramas, entre otros renglones.
Muchos de ellos son vinculados en quiebra de negocios, fraudes estatales, crímenes, tráfico de drogas en algunos casos, violaciones, tráfico de armas de fuego, entre otros delitos penalizados por la justicia dominicana.
Se informó que también hay más de doce a trece mil extranjeros residentes en República Dominicana que no pueden salir del territorio nacional por tener asuntos judiciales pendientes en el país.
Los impedimentos de salida del país contra las personas de distintos extractos sociales, son colocados por la Procuraduría General de la República a petición de jueces y fiscales de las diferentes jurisdicciones judiciales y ejecutados a través de la Dirección General de Migración.
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