El Departamento legal de la ciudad envió una carta al Tribunal Supremo de Manhattan con la petición de que se modifique la ley que ha prevalecido desde 1984 (Callahan vs Carey), sin precisar cuánto duraría la suspensión, aunque el alcalde Eric Adams precisó en un comunicado que “de ninguna manera estamos buscando acabar con el derecho al cobijo».
El flujo de inmigrantes ha saturado los albergues públicos y la ciudad está pagando miles de dólares diarios a unos 150 hoteles que ha tenido que alquilar en la ciudad y en algunos condados al norte del estado -donde ha encontrado resistencia- para ubicar tanto a familias con niños como a los adultos solteros.
Según el alcalde ya se han gastado 1,000 millones de dólares en brindarles diversos servicios además del albergue, como alimentación, plazas escolares para los menores llegados con sus familias y servicios médicos mínimos.
Adams, que en reiteradas ocasiones ha pedido ayuda económica al Gobierno federal y que se agilice el permiso de trabajo para los miles de inmigrantes a los que da alojamiento, dejó claro que con esta medida de amparo judicial busca implicar al Gobierno de Joe Biden o, al menos, a otras ciudades.
“Dado que no podemos brindar atención a un número ilimitado de personas y ya estamos sobrecargados, es lo mejor para todos, incluidos aquellos que buscan venir a los Estados Unidos, ser sincero en cuanto a que la ciudad no puede brindar atención por sí sola a todos los que cruzan nuestra frontera”, afirmó.
“Ser deshonesto al respecto solo resultará en el colapso de nuestro sistema, y necesitamos que nuestros socios en el Gobierno (federal) sepan la verdad y hagan su parte».
Aseguró que la acción de hoy les permitirá “obtener claridad de la corte y preservar el derecho a la vivienda para las decenas de miles bajo nuestro cuidado, tanto personas que anteriormente no tenían vivienda como solicitantes de asilo».
“Ahora tenemos más solicitantes de asilo bajo nuestro cuidado que neoyorquinos sin hogar”, sostuvo.
Una buena parte de los llegados a Nueva York lo han hecho en viajes organizados por el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, que ha fletado autobuses desde la frontera con México con cientos de inmigrantes con el argumento de que las “ciudades progresistas” -Nueva York, Washington y Chicago, con alcaldes demócratas- tendrían los brazos abiertos para los inmigrantes que se agolpan en la frontera.
Sin embargo, de esas tres ciudades, Nueva York es la única que por ley debe proveer alojamiento obligatorio a cualquier persona.
La decisión de la ciudad de recurrir al poder judicial para acabar con esta obligación causó de inmediato la reacción de la organización Se Hace Camino Nueva York que brinda servicios a inmigrantes, que la catalogó de “más que frustrante».
“Esa es una forma segura de garantizar que más personas terminen durmiendo en las calles, no una forma de abordar la falta de vivienda y satisfacer las necesidades de los solicitantes de asilo”, indicó José López, codirector ejecutivo de la organización.
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