Aclara los requisitos para una condena por violación y tipifica como crimen el voyeurismo y la toma de imágenes sexualizadas de una persona sin su consentimiento, según informa la agencia de noticias Kyodo. En un comunicado, la ONG nipona Human Rights Now ha calificado el conjunto de reformas de “gran paso adelante”.
Japón revisó por última vez su código penal sobre delitos sexuales en 2017, después de más de un siglo sin cambios. A pesar de que se incluyeron entonces penas más severas, las reformas dejaron intactas algunas exigencias muy polémicas a la hora de condenar delitos sexuales, como que los fiscales debían probar que los acusados habían recurrido a la “violencia y la intimidación”. Dicho requisito recibió muchas críticas por “culpabilizar a las víctimas por no resistirse lo suficiente”.
Sus detractores argumentaban que las personas agredidas sexualmente pueden quedarse paralizadas o someterse durante una violación por miedo a sufrir otras lesiones y que ese requerimiento empujaba a las personas agredidas a no denunciar o que, cuando sí lo hacían, reducía sus posibilidades de ganar el caso en los tribunales.
Los cambios aprobados este viernes pretenden precisamente aclarar la ilegalidad de todas las relaciones sexuales no consentidas, sin excepción, y cambia el crimen actual de “relación sexual forzada” a “relación sexual no consensuada”. La medida llega después de que los defensores de las víctimas hayan pedido incesantemente una reforma legal a raíz de varias absoluciones controvertidas que tuvieron lugar en 2019 y que desencadenaron manifestaciones en todo el territorio japonés.
Con el fin de proteger a los menores de abusos sexuales, las leyes revisadas también penalizan las relaciones sexuales con menores de 16 años, después de elevar la edad de consentimiento (aquella en la que legalmente una persona puede dar su aprobación a la hora de mantener relaciones sexuales), que era previamente una de las más bajas del mundo (13 años) y que se había mantenido inalterable desde 1907.
Con el cambio, Japón se ubica en la línea de países como España, Reino Unido o Corea del Sur (también 16 años), y por encima de otros como Francia (15 años) o Alemania y China (14 años).
La ley, por primera vez, contempla también como agresión el upskirting, es decir, tomar fotografías o vídeos desde debajo de la falda de una mujer sin su permiso, así como sacar fotos de los genitales, las nalgas o los pechos de una persona sin su consentimiento. La multa por estas infracciones ascenderá hasta los tres millones de yenes (19.500 euros) y los autores podrían ser condenados a hasta tres años de prisión.
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