“El arma era ilegal y, por esta razón, él la botó. La ocultó porque, si él tiene 16 armas de fuego legal y no lo mata con ninguna de esas. O sea, esa otra arma era ilegal y no quería que la justicia supiera que una autoridad andaba con un arma ilegal teniendo 16 legales”, aseguró Pérez.
De igual manera, catalogó la exclusión del arma de fuego en el proceso judicial como un “mal mensaje” para la sociedad dominicana.
“Con el arma de fuego que disparó, con la que mató a Manuel Taveras Duncan, esa arma no apareció y la juez excluye la violación a la Ley de Armas porque supuestamente el arma no se encontró”, dijo.
En el caso de que se hubiese encontrado el arma, el abogado explicó que la pena de 12 años que se le dio a Alburquerque hubiese cambiado, ya que le iba a corresponder una pena mínima de 15 años por el arma ilegal y la forma en que mató a Duncan.
“La familia Duncan está muy disgustada e inconforme con la justicia dominicana y con la actuación de la magistrada Patricia Padilla”, externó.
Aseguró que hubo varias irregularidades en la forma que se manejó el proceso frente a la justicia, debido a que la juez le expresó a la familia que no tenía “calidad para participar en la justicia y reclamar su daño”, a pesar de que interpusieron su querella en la Fiscalía del Distrito Nacional, con copias de recibo y ante las autoridades pertinentes.
“La juez dijo que ellas eran supuestas víctimas y, finalmente, las excluye totalmente del proceso, haciendo una motivación arbitraria, caprichosa y abusiva de la norma y descuartizó el proceso. O sea, hicieron todo lo que había que hacer para favorecer a un hombre”, declaró Pérez.
Otro aspecto resaltado por el abogado es que se acreditó a Manuel Duncan como parte del proceso judicial. “En el auto de apertura a juicio la juez acredita como parte del proceso a Duncan. Para la juez Duncan está vivo”, expuso.
Según sus declaraciones, cuando se acredita a una persona como parte de un proceso de ese tipo es porque va ir a juicio a defenderse en su calidad de querellante o acusado.
Además, mostró descontento por el cambio de clasificación del proceso al pasar de considerarse un asesinato a un homicidio voluntario, en el que la pena es de 3 a 20 años, es decir, menor.
“Fue un acto odioso, planificado y reflexionado para lograr lo que quisieron. 12 años de prisión a un hombre que mató a otro con tanta hazaña, que dejó tres niños huérfanos y una madre enferma. Él era el proveedor y el cuidador de su madre”, sostuvo el abogado.
Debido a la disconformidad de la familia Duncan, afirmó que se va a seguir trabajando. “La Fiscalía va a apelar y eso se va a conocer en la Corte de Apelación", concluyó.
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