La iniciativa, que pasará ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación, reconoce la lengua de señas «como la lengua natural de las personas sordas y de su comunidad en todo el territorio nacional», explicó en un comunicado la cámara baja.
Por ello, los entes y órganos administrativos deberán promover políticas, planes, programas y estrategias para la aplicación de esta nueva ley y su difusión.
El Estado «adoptará las medidas positivas necesarias para que las personas sordas y sordociegas puedan ejercer los derechos que la Constitución y ley sobre discapacidad les confieren», agregó.
Además, deberá fomentar y apoyar actividades de investigación, enseñanza y difusión de la lengua de señas.
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