Las primeras detenciones se produjeron en el marco de la Operación Discovery, en abril del pasado año por medio a la cual el órgano acusador logró que se dictara medida de coerción contra ocho líderes y 31 colaboradores de una estructura acusada de despojar altas sumas de dinero, así como de sus identidades, a ciudadanos de los Estados Unidos mediante terror psicológico, toda vez que recreaban historias falsas para materializar la estafa.
El Ministerio Público acusa a los imputados de extorsión para conducir a sus víctimas a un estado de desesperación y desequilibrio emocional y así lograr que se desprendieran de recursos económicos.
Se recuerda que la mafia fue desmantelada durante decenas de operativos simultáneos a nivel nacional, la cual servía de redes electrónicas y de centros de llamadas que montó a los fines para contactar y manipular a los afectados.
Este viernes el Ministerio Público encabezó, con la cooperación del organismo Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), de la ciudad de Nueva York la Operación Discovery 2.0, con la que se realizaron más de 15 allanamientos de manera simultánea en las provincias Santiago y Puerto Plata, desarticulando otra estructurada red transnacional del cibercrimen que defraudó a cientos de ciudadanos estadounidenses a través de estafas, extorsión y robo de identidad.
El operativo implicó la participación de más de 20 fiscales, 200 agentes de operaciones especiales, policía uniformada y del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional, equipos de investigadores y técnicos de la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y la coordinación operativa de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
Las acciones permitieron impactar tres centros de operación de la organización criminal, que simulaban ser centros de llamadas o Call Centers, donde se arrestó a más de una veintena de personas, la incautación de equipos electrónicos, incluyendo celulares y tablets; también vehículos, dinero en efectivo y prendas. Además se ocuparon varias armas de fuego.
Con la articulación de estas agencias de investigación, el Ministerio Público logró obtener evidencias que poseen la fuerza probatoria suficiente para demostrar que los detenidos comprometieron su responsabilidad penal en violación a delitos descritos y sancionados en varios artículos del Código Penal Dominicano, que tipifican la complicidad, asociación de malhechores y la usurpación de identidad y la estafa
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