En documentos que se oponen a una solicitud de los Trump para desestimar su amplio caso de fraude civil, los abogados de Letitia James dijeron que encontraron que el expresidente exageró su patrimonio neto entre 812 millones de dólares y 2,200 millones de dólares cuando hicieron los cálculos basándose en pruebas que él no cuestiona.
Sin embargo, la oficina de James, que pidió a un juez que se pronunciara sobre una de las siete demandas contra los Trump antes de su juicio el próximo mes, han informado que están listos para argumentar que la infló falsamente en hasta 3,600 millones de dólares.
"Hay mucha más evidencia más allá de lo que es indiscutible que el Pueblo presentará en el juicio, según sea necesario, para establecer hasta qué punto se sobreestimó el patrimonio neto del Señor Trump cada año entre 2011 y 2021", han escrito los abogados de la fiscal general en presentaciones de la Corte Suprema de Manhattan.
La demanda de James busca 250 millones de dólares en ganancias ilícitas y restringir severamente la forma en que los Trump hacen negocios en la Gran Manzana. Su demanda de septiembre de 2022 lo acusó a él y a sus ejecutivos de inflar el valor de los activos de la Organización Trump para garantizar mejores condiciones de préstamos y seguros.
Los expertos en valoración y contadores que trabajan con los investigadores de la fiscal general descubrieron que Trump infló su patrimonio neto entre 1,900 y 3,600 millones de dólares durante la década que cubre el caso de James al tener en cuenta factores del mercado moderno, ha dicho la fiscal.
La evidencia que Trump no cuestiona, como valorar su Trump Tower Triplex basándose en que tiene alrededor de 3,000 metros cuadrados cuando, en realidad, tiene alrededor de 929 metros cuadrados, muestra que anualmente infla su valor entre 812 millones y 2,200 millones de dólares, mostró James en presentaciones judiciales la semana pasada.
James ha descrito la asombrosa suma de 3,600 millones de dólares como "todavía conservadora" al considerar que "muchos de los datos y suposiciones utilizados por Trump y sus coacusados que los expertos en valoración aceptaron como argumento serían rechazados en una revisión de tasación en toda regla".
La oficina de la fiscal general ha explicado que Trump y sus asociados "inflaron grosera y engañosamente sus activos y patrimonio neto" a bancos y aseguradoras "basándose en esta montaña de evidencia" que establece transacciones comerciales fraudulentas.
Cuando los abogados de Trump pidieron que se desestimara el caso, la oficina de James pidió al juez de la Corte Suprema estatal Arthur Engoron el 30 de agosto que los declarara responsables de una de sus principales afirmaciones, alegando que sus estados financieros de 2011 a 2021 eran falsos o engañosos y se utilizaban repetidamente en transacciones comerciales.
El viernes, ha afirmado que una "amplia evidencia" respalda sus afirmaciones restantes: "Trump y compañía hicieron entradas falsas en registros comerciales, falsificaron estados financieros, cometieron fraude de seguros y conspiraron para violar la ley".
En su esfuerzo por lograr que se desestime el caso, los abogados de Trump han argumentado que la mayoría de los reclamos de la fiscalía han prescrito y, además, que ella carece de autoridad para presentarlos.
"En el intento obsesivo y compulsivo de la fiscal general de Nueva York de 'atrapar' al presidente Trump, ella incluso continúa arrastrando injustamente a sus hijos Eric Trump y Donald Trump Jr., a pesar de que no han tenido participación directa en la creación, preparación o uso de los (estados financieros)".
"Es hora de que el tribunal ponga fin a esta cruzada desestimando esta acción en su totalidad", ha escrito el abogado Michael Madaio al tribunal este viernes, oponiéndose a la solicitud del fiscal general de que Engoron falle a su favor en el reclamo principal.
Se espera que Engoron escuche los argumentos sobre las mociones de juicio sumario de James y Trump, que podrían evitar un juicio, en una audiencia el 22 de septiembre y aún debe pronunciarse sobre una solicitud de la oficina de James para imponer sanciones contra el expresidente, sus coacusados y sus abogados por repetir argumentos legales rechazados varias veces en el último año, relacionados con su capacidad para presentar el caso.
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