El Gobierno rechazó las acusaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través del comunicado titulado “CIDH insta al Estado a erradicar la apatridia”, en donde recuerda al país que la sentencia del Tribunal Constitucional del 2013 resultó en “la privación arbitraria de nacionalidad dominicana a un número considerable de personas y dejó apátridas a quienes no eran consideradas nacionales de ningún otro Estado”.
A través de un documento de prensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que ese comunicado difundido por CIDH no presenta objetivamente la situación de la nacionalidad en el país; no contempla el contexto histórico y legal, ni los esfuerzos realizados por el gobierno para cumplir con la Ley 169-14, que busca armonizar la sentencia TC/0168/13 con las normas constitucionales y el derecho internacional de los derechos humanos.
“Hemos realizado importantes esfuerzos para resolver los problemas relacionados con la nacionalidad, los cuales han incluido la promulgación de la Ley 169-14 sobre Naturalización, que ha sido ampliamente respaldada por la sociedad dominicana.
La misma ha restituido el estatus jurídico anterior a 60,773 personas afectadas por la sentencia TC/0168/13 y se ordenó expedirle sus documentos como dominicanos. De estos, solo 26,123 acudieron a retirar sus documentos, los restantes 34,110 no los han recogido, presumiblemente porque fallecieron, emigraron o ignoraron el amplio llamado del Gobierno dominicano en ese momento”, resalta el documento difundido a los medios de comunicación.
Las autoridades resaltaron su “compromiso” con la promoción de políticas y programas que fomenten la inclusión, la igualdad y no discriminación y el respeto a la diversidad étnica y racial de la sociedad dominicana.
“El Estado ha hecho ingentes esfuerzos por garantizar el acceso universal a la salud y a la educación de todos los habitantes en nuestro territorio. Tampoco existen políticas discriminatorias o segregadoras en el mercado de trabajo que dificulten el acceso al empleo de grupos particulares”, agrega.
Mediante el mismo, las autoridades locales reiteraron su compromiso con el diálogo y la cooperación con la CIDH para abordar los desafíos relacionados con la nacionalidad en República Dominicana.
El comunicado de CIDH se produce justo en medio de una crisis entre el país y Haití por un canal que se construye en la parte occidental de la isla que pretende desviar las aguas del río Masacre.
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