En la audiencia la fiscal Rosa Alba García, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) pidió que mantenerse la prisión preventiva del imputado al considerar que no han variado los presupuestos que dieron origen a la imposición de la medida de coerción.
Por esa razón, el tribunal aplazó la audiencia para el próximo martes 7, a las 11:00 de la mañana, no por cuestiones del Ministerio Público, sino, por cuestiones del debido proceso que debe tutelársele a todas las partes envueltas”, dijo la fiscal litigante de la Pepca.
El titular de la Pepca, Wilson Camacho, encabezó el equipo que representó al Ministerio Público durante la audiencia, el cual además de la fiscal Rosa Alba García, estuvo integrado por los también fiscales Arolin Lemos y Elvira Rodríguez.
El proceso por corrupción administrativa también se sigue en contra del ex ministro de Hacienda (2016-2020), Ángel Donald Guerrero Ortiz, a quien el Ministerio Público le imputa encabezar una red desmantelada con la Operación Calamar que, según la solicitud de medida de coerción, utilizaba al menos 11 instituciones con las que gestionaba las expropiaciones irregulares de terrenos, el cobro ilegal a bancas de lotería, deportivas y negocios con máquinas tragamonedas, así como la compra de inmuebles con sobrecosto.
En este expediente, el órgano acusador también imputa al exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; al abogado Ángel Lockward, y al exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo.
Asimismo, a Roberto Santiago Moquete Ortiz, a Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda; al exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa, y al exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña.
También, a Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández de Paola, Óscar Chalas Guerrero, Agustín Mejía y Víctor Matías Encarnación.
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