Los 16 postulantes examinados fueron: David Lahoz Brito, Julio César Madera Arias, Ramón Arístides Madera Arias, Carmen Estela Mancebo Acosta, Juan Antonio Mateo Ciprián, Pedro Antonio Mateo Ibert, Daira Cira Medina Tejeda, Claudio Aníbal Medrano Mejía, Maycar Johanna Mejía Barros, Víctor Rafael Menieur Méndez, Yobany Antonio Mercado Rodríguez, Yokaurys Morales Castillo, Juan Manuel Morel Pérez, Wilson Francisco Moreta Tremols, Bernabel Moricete Fabián y Ramón Osiris Morla Cornielle.
Julio César Madera Arias, el segundo participante, dijo que la eutanasia podría «contravenir» la Constitución actual, que establece el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte. Soslayó su opinión al respecto, no fijó posición.
Carmen Mancebo apuntó que el embarazo subrogado, o vientre de alquiler, es un contrato que compromete a la criatura que está en gestación; indicó que la dignidad humanidad viene desde el vientre. Añadió que la mujer que presta su vientre es el objeto del contrato, por lo que el marido de esa fémina podría tener el control por una paga para tales fines.
Para ella, se trata de un tema «bastante espinoso» y un posible «caso de explotación de la mujer», además de ser «desafiante para el Estado» y la sociedad tendrá que evaluarla en su momento.
Yokaurys Morales Castillo habló de la necesidad de explicar bien y de manera llana las sentencias, para que los afectados puedan entender lo establecido.
En tanto, Moricete Fabián se refirió al «hito de igualdad» que marca el TC al establecer que no importa el orden de los apellidos. Le hizo una crítica sutil a esa decisión, alegando que no tuvo la debida previsibilidad de los alcances de semejante sentencia. Puso como ejemplo que dos o tres hermanos llevarían apellidos invertidos o en orden diferente, lo que podría generar cierta «conflictividad».
Claudio Aníbal Medrano Mejía, catedrático y constitucionalista veterano, dijo que el artículo 37 de la Constitución, que prohíbe el aborto, plantea «situaciones límites» que ameritarían «decisiones efectivamente muy abiertas que permitan valoraciones de manera casuística», y agregó que si el Estado autoriza el aborto de fetos con malformación, y le genera al mismo Estado «una obligación con las personas que optan por procrear a esos niños en esas circunstancias».
Esas personas con malformaciones no deben sentirse ni creerse un engendro o una criatura extraña. Para él, habría que ponderar con sabiduría ese tema.
De paso, subrayó que los derechos fundamentales son no absolutos, y que donde no se respetan, no hay garantía constitucional ni vida institucional.
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