Respecto de la primera cuestión, la magistrada Ysis Muñiz Almonte opinó que no puede haber ningún tipo de discriminación hacia parejas del mismo sexo, aunque el matrimonio igualitario no esté permitido en el país.
Aldemaro Muñiz Mena tuvo una posición conservadora: si bien dijo que un paciente puede firmar un contrato para el «homicidio piadoso«, también añadió que el Estado pudiera suministrar los medicamentos pertinentes a esos pacientes graves, para así evitar la eutanasia.
En otro punto, estimó que si no hay peligro de fuga latente, el juez debe imponer otra medida menos gravosa que la prisión, y que RD tiene que mejorar sus condiciones carcelarias.
En tanto, el magistrado Rafael Nina Vásquez dijo que la sentencia 168-13 «fue bien dada», porque permite que todos los inmigrantes puedan regularizar su estatus y, además, se impulsa el plan de regularización estipulado en la Ley General de Migración; y añadió que desde el punto de vista de la soberanía, la sentencia también es «correcta».
El criterio de Daniel Julio Nolasco Olivo es que el Código Penal tiene que ser aprobado para sancionar nuevos delitos modernos y organizados, y porque esa normativa prevé el cúmulo de penas; y las causales deben ser aprobadas en una ley especial.
Según él, la Constitución vigente en su artículo 42 prohíbe la experimentación científica y los exámenes vetados por la bioética internacional; pero, si la madre da su consentimiento para el aborto, entonces se procedería, aunque esté prohibida la interrupción del embarazo.
José Gilberto Núñez Brun, médico y abogado, fijó una posición controversial, al decir que la vacuna del covid fue «un experimento» y que solo apoya las vacunas científicas, como las que se aplican a los niños desde que nacen, como la polivalente y otras.
Doña Miriam Germán Brito, procuradora general de la República, se inhibió en la entrevista a su yerno Amaury Amílcar Reyes Torres, debido a razones familiares obvias.
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