La Contraloría General de la República y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) recordaron este miércoles a los funcionarios públicos a realizar un uso «prudente» y «pulcro» de los recursos públicos antes, durante y después de las campañas electorales.
Las instituciones afirmaron en un comunicado que así lo establecen la Constitución de la República, el Sistema Nacional de Control Interno (Sinaci) y el decreto que crea la Digeig.
El llamado a los funcionarios gubernamentales, agregó la información, en una circular dirigida a los ministros, directores generales y nacionales, administradores generales, titulares de instituciones descentralizadas y autónomas, instituciones públicas de la Seguridad Social y empresas públicas financieras y no financieras.
Recordaron que, «de conformidad con las políticas de transparencia y rendición de cuentas, el presidente de la República ha advertido de que, en su gestión de gobierno no se flexibilizarán las medidas de transparencia, el control y auditorías en tiempos de elecciones».
En ese orden, la Contraloría y la Digeig se mantendrán «vigilantes» a la ejecución del Presupuesto General del Estado en todas los entes y órganos de la Administración Pública, con la finalidad de dar fiel cumplimiento a las disposiciones legales del control interno, la ética pública y la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral.
Ambas instituciones recordaron que de acuerdo a la Ley Orgánica del Régimen Electoral es sancionable «el uso de los bienes y recursos que administran los funcionarios públicos», por tanto, agregaron, «estaremos fiscalizando los recursos financieros, activos tangibles e intangibles, que puedan ser objeto de utilización, en franca violación del establecimiento legal».
El 15 de enero pasado, el Ejército de República Dominicana anunció la destitución de los comandantes de la Tercera Brigada y del Décimo Tercer Batallón de ese organismo, ambos ubicados en una sola sede en Azua, luego de que circularan videos en las redes sociales en los que se observaban a vehículos con propaganda política del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) saliendo del recinto militar.
Un día después, la Junta Central Electoral (JCE) expresó su rechazó a lo ocurrido y recordó que la Constitución establece que los militares y los policías son «apartidistas».
El Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo han denunciado recientemente, que funcionarios utilizan supuestamente recursos estatales para favorecer a candidatos del oficialismo.
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