En un comunicado, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, asegura que EE.UU. tiene “información creíble” que indica que el expresidente “aceptó sobornos a cambio del desempeño de sus funciones públicas” durante su mandato, que terminó este domingo con la toma de posesión de Bernardo Arévalo de León.
Las acciones de Giammattei, subrayó Miller, “socavaron el orden de la ley y la transparencia gubernamental” en Guatemala.
“Estados Unidos ha dejado claro que apoya a los guatemaltecos que buscan que los representantes corruptos rindan cuentas”, se agregó en el comunicado.
La medida de hoy, añadió el Departamento de Estado, prohíbe también la entrada a suelo estadounidense a los hijos del expresidente: Ana Marcela Giammattei, Alejandro Eduardo Giammattei y Stefano Giammattei.
La decisión de sancionar al exmandatario guatemalteco llega pocos días después de la toma de posesión de Arévalo, quien logró la victoria con una campaña anticorrupción.
El traspaso del poder en Guatemala y el anterior proceso electoral estuvo marcado por los intentos del Ministerio Público (Fiscalía) y del anterior Congreso por obstaculizar la llegada del nuevo Gobierno.
Alejandro Giammattei, diputado en el Parlacen
Por otro lado, Giammattei fue juramentado como diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen) para el período 2024-2028, por lo que mantiene inmunidad en caso de cualquier acusación judicial en su contra.
Giammattei y el exvicepresidente Guillermo Castillo realizaron su juramentación ante el Parlacen de manera virtual el martes, según confirmaron este miércoles fuentes políticas y medios locales.
Además, el Departamento del Tesoro de EE.UU. acordó hoy imponer una sanción económica al exministro de Energía de Guatemala Alberto Pimentel, quien formó parte del gabinete de Giammattei hasta julio del año pasado.
EE.UU. también acusó a Pimentel de haber recibido sobornos estando en su cargo, en específico a cambio de contratos y licencias de explotación minera y energética en el país.
Desde 2021, EE.UU. ha impuesto sanciones por corrupción a más de 400 individuos y entidades guatemaltecas, incluyendo a la fiscal general, Consuelo Porras.
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