El mandatario afirmó que dicha ley «fue aprobada de consenso, por todos los partidos políticos», y que su discusión se prolongó por durante dos años en el Congreso.
«Los mismos que lo apoyaron en el Senado y la Cámara de Diputados ahora están diciendo que no están de acuerdo… Dejemos esa hipocresía», expresó Abinader durante su habitual rueda de prensa, La Semanal, desde el Palacio Nacional.
Abinader resaltó que en su Gobierno, por primera vez, República Dominicana llegó a tener el más alto nivel en libertad de prensa, según el índice de Chapultepec.
En ese sentido dijo que «según los últimos datos que se publicaron, el promedio de América Latina andaba por 46 y nosotros estamos en 82, más alto que Estados Unidos y que Cánada», en materia de libertad de prensa.
Atribuyó dicha consideración en el Índice de Chapultepec a la «evaluación de la protección y el respeto que tenemos por las libertades públicas y eso continuará así».
También dijo que el Gobierno acogerá lo que se decida sobre esta ley en la comisión que integran el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, el director del DNI, Luis Soto, miembros del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), la Sociedad Dominicana de Diarios (SDDD), la Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología (Comtec).
Asimismo dijo que quien quiera puede recurrir al Tribunal Constitucional y que, como es de orden, el Gobierno también obedecerá la decisión que se tome al respecto.
En reiteradas ocasiones las autoridades del Gobierno han defendido la Ley 1-24, que regula el Sistema Nacional de Inteligencia y convierte el Departamento Nacional de Inteligencia (DNI) en la Dirección Nacional de Inteligencia, lo cual califican como un «paso importante en nuestra lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, las ciberamenazas y la corrupción».
Sin embargo, sectores de los partidos de oposición, así como de la sociedad civil, han criticado varios puntos de la ley 01-24, por considerarla violatoria de la libertad de los ciudadanos y de la Constitución de la República.
Uno de los críticos de la iniciativa es el candiato presidencial del PLD, Abel Martínez, quien calificó la nueva ley de «inconstitucional y retrógrada». También argumentó que antes que aprobar la ley sobre inteligencia nacional, se debió aprobar la ley de Seguridad y Defensa, para abarcar en su totalidad los aspectos de seguridad nacional e inteligencia.
De su lado, el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, conicidió con Martínez en el sentido de considerar que dicha ley “representa el retroceso institucional democrático más grave que ha ocurrido en el país desde la muerte del dictador Rafael Leónidas Trujillo hasta la actualidad”.
Según las críticas, la nueva ley faculta a la DNI a llevar a cabo la recolección de informaciones que figuren asentadas en las bases de datos de las entidades públicas y privadas y acceder de manera automatizada a las que se produzcan mediante el uso de las tecnologías y de los servicios de telecomunicaciones.
Asimismo, estiman que textos de la nueva ley parecen tener un contenido «ambiguo», y que otros atentan contra la libertad de expresión e información, la intimidad y el honor.
Ante estas preocupaciones, el Gobierno ha reaccionado hoy con su planteamiento de un llamado al diálogo, aunque considera que la ley cuestionada «no afecta derechos fundamentales».
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