El mandatario destacó que la medida envía un mensaje de respeto a los recursos gubernamentales y busca evitar su uso con fines electorales. Forma parte de la segunda oleada de reformas para controlar gastos y aumentar la transparencia. El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel Florenzán, subrayó el compromiso histórico de regular la publicidad oficial para mejorar la eficiencia del gasto público y eliminar prácticas pasadas.
Según el decreto, la publicidad oficial se utilizará solo para objetivos operativos y estratégicos, enfocándose en informar a la ciudadanía sobre servicios públicos. Se prohíbe el uso de la publicidad oficial para beneficiar a comunicadores o favorecer a partidos políticos, así como para fines electorales. Las instituciones públicas deberán contratar basándose en criterios objetivos y transparentes.
Además, se establece que las instituciones públicas reducirán la difusión de publicidad a lo estrictamente necesario y se insta a seguir la Ley Electoral y las orientaciones de la Junta Central Electoral. Se prevé la elaboración de un Reglamento General de Publicidad Oficial en seis meses, que incluirá un sistema de evaluación claro y transparente para la selección de medios de comunicación.
El decreto busca regular la publicidad oficial para mejorar la transparencia, eficiencia en el gasto público y evitar su uso con propósitos electorales, con énfasis en informar a la ciudadanía sobre servicios públicos.
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