Leonel Fernández calificó este lunes la Ley 1-24 del DNI como el más grande retroceso democrático que ha experimentado este país desde la muerte del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina.
Fernández sostuvo que con la nueva ley, el DNI tendrá más atribuciones que las agencias de inteligencia más famosas del mundo, como el FBI, la CIA y la KGB, algo que no puede ser.
“Es muy grave en el sentido de que una sola persona tenga tanto poder de invertir lo público, lo privado, lo individual, personas físicas, personas jurídicas y eso no puede ser”, afirmó el dirigente político.
El candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo dijo que es imposible que una persona tenga tanto poder.
Además, comentó que la ley tampoco prevé el poder de las Fuerzas Armadas en lo que tiene que ver con inteligencia, contrainteligencia y la seguridad nacional.
“Aquí tenemos el J2, EL G2, EL A2 Y EL M2, que realizan servicios de inteligencia y contrainteligencia y en esa ley no se ve claro cuál es su papel”, detalló Fernández.
Así mismo, el dirigente político dijo, a través de un post en su cuenta de Twitter, que la Fuerza del Pueblo procederá a incoar una acción de inconstitucionalidad contra la ley 1-24 del DNI.
Abinader abierto al diálogo
El presidente Luis Abinader afirmó que convocará a diálogo a sectores que están en contra de la Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), para que “se pueda interpretar realmente la ley”.
“Debe haber una conversación con todos los sectores y yo voy a animar a que conversen todos, para que cualquier preocupación, que creo, y dicen los proponentes de la ley, que no lo hay, pues lo discutan y puedan interpretar realmente la ley”, agregó el mandatario.
Atribuciones del DNI
La Dirección Nacional de Inteligencia nace como órgano centralizado del Estado, destinado a proteger la seguridad nacional y coordinar lo relativo al Sistema Nacional de Inteligencia.
Entre sus atribuciones está el investigar cualquier actividad llevada a cabo por personas, grupos o asociaciones, que “atente” contra los intereses u objetivos nacionales, las instituciones del Estado, subvierta el estado de derecho, ponga en riesgo la seguridad nacional y otros aspectos adversos al Estado.
El artículo 11 del proyecto establece que “todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, previa autorización de un juez o tribunal competente, estarán obligadas a entregar al DNI todas las informaciones que esta requiera”.
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