Así lo afirmó el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, quien explicó que el pleno del órgano electoral estudiará las observaciones para aplicarlas en la contienda electoral venidera.
Además, indicó que estas medidas protegerán el torneo electoral en caso de suceder en el país una segunda vuelta en el nivel presidencial.
“El pleno de la Junta va a estudiar el informe de la OEA. Garantizamos que cada recomendación y propuesta que sea competencia de la (JCE) con miras a las elecciones de mayo, de una posible segunda vuelta, las va a acoger y aplicar”, expresó Jáquez Liranzo.
Por otro lado, subrayó que la etapa de revisión y recuento de los votos nulos del torneo electoral municipal se encuentra entre un 80% y 90% y que continúa "viento en popa".
Denuncias de la OEA
Estás declaraciones fueron ofrecidas luego de que los partidos políticos de oposición denunciaran en varias ocasiones la utilización del uso de los recursos estatales para beneficiar a los candidatos del Partido Revolucionario Moderno (PRM). Esa denuncia ha sido sustentada por los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP).
Mientras tanto, la OEA presentó ayer un informe a la JCE en el que denunció la compra de votos realizada por dirigentes de los partidos políticos, en general, durante las elecciones municipales del 18 de febrero.
Además, manifestó su preocupación por la abstención registrada en el sufragio, que se situó en 53.33%, un aumento con relación a la ocurrida durante los comicios de 2020.
“Este fenómeno no solo constituye un delito, sino que socava el libre ejercicio del sufragio y mina la confianza de los votantes en todo el sistema electoral. Insistimos en la importancia de que se adopten medidas contundentes para erradicarla. Su eliminación es una responsabilidad compartida de las autoridades administrativas, electorales, policiales y judiciales, así como de los propios partidos políticos y de la ciudadanía en general”, dice el informe.
La misión sugirió que de cara a las elecciones presidenciales y legislativas los actores del sistema político desarrollen una “campaña limpia” con garantía de equidad del financiamiento de los recursos del Estado a los partidos públicos.
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