Esta realidad fue plasmada con una edificación de contenedores ubicados estratégicamente en la Cinta Costera 3, ciudad de Panamá, por CBLA – Crime Stoppers, la oficina regional de una organización internacional que busca contribuir con la construcción de la seguridad multidimensional y que facilita la participación ciudadana en forma anónima, confiable y segura de crímenes en 7 regiones a nivel mundial.
De acuerdo con Crime Stoppers, esta instalación de contenedores no solo es un llamado de atención a la ciudadanía y a las autoridades con motivo de la Conferencia de las Partes (COP10), que se desarrollará en Panamá entre el 5 al 10 de febrero del 2024, sino una oportunidad para exponer la necesidad de reforzar las políticas públicas, la reforma y armonización de las leyes de dicho país, para hacer frente al contrabando de cigarrillos, cuyas consecuencias tienen un impacto directo en toda la región, así como en la vida de sus habitantes.
Las políticas públicas prohibicionistas o extremas, como pueden ser, la subida de impuestos o la prohibición de usos de cigarrillos electrónicos, vaporizadores y dispositivos electrónicos similares; las cuales están contenidas en la ley 315, vigente en Panamá, generan una demanda para el establecimiento de un mercado negro, causando consecuencias serias para Panamá y la región.
Pérdidas económicas y afectaciones a la salud y la seguridad
Los cigarrillos de contrabando afectan la salud, al ser más baratos, promueven que más personas fumen. Además, representan una pérdida de millones de dólares para los Estados de la región y el crimen organizado y los carteles del cigarrillo, los blanqueadores de dinero ilegal utilizan a Panamá como epicentro de sus actividades relacionadas con el contrabando.
Paralelamente, esta actividad sirve para financiar la operatividad de delitos mayores como el narcotráfico y la trata de personas, en colaboración con las pandillas que distribuyen el producto, en países como Guatemala, Ecuador, Colombia, República Dominicana, entre otros.
El comercio ilícito de cigarrillos en 2020 implicaba una pérdida de más de $165 millones de dólares en tributos anuales para el Estado panameño. Si consideramos que las cifras del contrabando han aumentado del 60% al 92% en solo seis años, además, la pérdida en impuestos es alarmante. Pero esto no queda allí, el 50% de los cigarrillos de contrabando de la región son distribuidos desde Panamá.
De acuerdo con Alejo Campos de Crime Stoppers, para minimizar las consecuencias del contrabando ilegal de cigarrillos “Es necesario crear leyes más efectivas, que prevengan, persigan y castiguen este delito; y que también ofrezcan alternativas al público consumidor de tabaco, como puede ser la introducción de cigarrillos sin combustión y similares como método de reducción del consumo”.
Una alternativa
El vocero de la organización se refirió a que países como Nueva Zelanda, Reino Unido, Escocia o Estados Unidos han encontrado en los cigarrillos electrónicos sin combustión y otros sistemas similares, una alternativa hasta un 95% menos perjudicial que los cigarrillos convencionales, logrando legalizarlo y ofrecer mejores alternativas para sus ciudadanos, evitando de esta manera el contrabando ilegal.
Campos añadió que es necesario el seguimiento a la distribución del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) del cual un gran porcentaje debe transferirse al Ministerio de Salud y al Instituto Oncológico Nacional de Panamá, pero a la fecha esas transferencias no se han hecho en su totalidad, siendo dos instituciones del gobierno con necesidades presupuestarias.
Las implicaciones del contrabando de cigarrillos, en materia de seguridad por las fuertes conexiones con el crimen organizado y el financiamiento del terrorismo son preocupantes.
Las altas ganancias combinadas con los bajos riesgos y sanciones lo hacen cada vez más atractivo para los criminales al ser un producto altamente rentable, fácil de transportar, sujeto a escasos controles, y las sanciones, cuando se aplican, son mucho más laxas que las sanciones para otros crímenes, como el narcotráfico.
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