También las irregularidades en licitaciones para construcción y ampliación de acueductos y alcantarillados en la provincia La Vega arropa a esta institución, que está instrumentada en hacer más eficiente las principales actividades relacionadas con el servicio del agua en La Vega.
En un reportaje de N Investiga se muestra las irregularidades bajo la gestión de Iván Tarquino Vladimir Viloria Peña, quien se identifica y firma como arquitecto, pese a que en el CODIA establecen que el funcionario no tiene exequatur, y en la Universidad Católica del Cibao no hay constancia de que se haya graduado.
Las irregularidades sobre Viloria Peña llegan a tal punto que él mismo es el presidente del Comité de Compras de CORAAVEGA, convirtiéndose en juez y parte en las licitaciones de miles de millones de pesos que realiza esa entidad en la provincia cibaeña.
Nómina abultada y botellas
El cuestionable manejo se ha extendido a su función pública. Así lo confirma este mensaje que el director general de Coraavega, ingeniero Julio César Peña, envía en mayo de 2023 el grupo de whatsapp institucional envía al presidente del Consejo de Directores.
“Lamento informarle que este mes no se pagara no sabemos cuándo, porque se discute unas botellas que solicité sacar de nómina hace muchos meses y el presidente protege a esas personas que no rinden ninguna labor a la institución. Es injusto que al año la institución gastara más de 5 millones de pesos en botellas en un solo departamento”.
Dentro de la nómina de empleados fijos, que pasó de 317 en 2020 a 450 en 2023 aumentando 133 empleados, tenemos un listado de decenas de botellas pero para fines de esta investigación confirmamos al azar algunas de ellas que oscilan entre 10 mil y 40 mil pesos. Esto representa un aumento de 72%.
Ejemplo de botella es Laura Virginia Rivas Durán, nombrada como supervisora comercial con 20 mil pesos de hecho hace tiempo que no va. Otro es Miguel Arias Marte, nombrado como promotor social con 12 mil pesos, cuando el horario laboral lo cumple como enfermero, como él mismo confirmó vía telefónica, al revelar el hospital donde trabaja. Y José Martin Santos Sánchez, nombrado como codificador de catastro con un salario 20 mil pesos. Esta es su respuesta al preguntarle su lugar de trabajo.
Irregularidades en licitaciones
Las irregularidades no solo se limitan a usurpar una profesion y utilizar la institución para el clientelismo político. De un grupo de contratos que Coraavega ha suscrito, llama la atención el otorgado mediante el proceso CORAAVEGA-CCC-LPN-2021-0003 para la construcción del acueducto Las Cabuyas y la ampliación del acueducto de Sabana Rey por más de 256 millones de pesos adjudicado el 15 de marzo de 2022 al Consorcio Ingeniería Natural del Agua (Inna).
La empresa fue constituida en enero de 2022, poco menos de un mes después de publicarse el proceso, el 13 de diciembre de 2021. Como si fuera poco, la propietaria es Sobeida Perdomo, mencionada en reportajes que hemos realizado sobre irregularidades en la gestión de Alberto Holguín en INAPA en 2015.
Luego de este reportaje, la ingeniera Sobeida Perdomo y el director de INAPA fueron acusados de prevaricación, soborno y estafa al Estado, pero descargados en agosto de 2017 por supuesta falta de pruebas.
Algo que mueve a suspicacia es que las empresas que conforman este consorcio no figuran en el contrato de ejecución de las obras en Las Cabuyas y Sabana Rey. Y en ninguna parte de los documentos de la licitación.
El contrato no tiene los sellos de las dos empresas, sino del consorcio, cuya representante no es la cuestionada ingeniera Perdomo sino el ingeniero José Santiago Gil Balbuena, quien confirmó vía telefónica su posición dentro del consorcio.
Otro elemento que llama la atención que para una obra de tantos millones solo tres empresas participaron, dos de ellos a título personal y el consorcio en cuestión, que logró ganar las dos obras a raíz de un cambio hecho al pliego de condiciones luego de iniciado el proceso que los pocos oferentes no se enteraron.
Estos dos lotes, uno por 213 millones para el acueducto Las Cabuyas, y el segundo, para la ampliación del acueducto Sabana Rey por 42 millones.
En este caso se podría hacer si se demuestra que el equipo y el personal a utilizar en cada lote son distintos y no afectará la fecha de entrega de la obra.
Sin embargo, esto no se pudo comprobar debido a que CORAAVEGA no subió a la página de compras los sobres A y B, como se acostumbra una vez finalizado el proceso.
La falta de transparencia en CORAAVEGA ha sido una constante. Incluso en mayo pasado se cuestionó la licitación de la construcción del alcantarillado de Jarabacoa por RD$7,800 millones de pesos.
Representantes del CODIA entendieron que los requisitos exigidos evidenciaban una intención de asignar la obra a un contratista en particular.
.jpg)
Social Buttons