En concreto, según un informe de la organización no gubernamental Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH) con datos del 29 de febrero al 3 de marzo divulgado este miércoles, en ese período de tiempo al menos 6 policías y 2 comerciantes murieron a tiros, 9 comisarías fueron saqueadas o incendiadas, varias personas resultaron heridas de bala, había cadáveres esparcidos por las calles del departamento Oeste, donde está la capital Puerto Príncipe, y 21 oficinas institucionales fueron destrozadas.
Estas cifras demuestran la “amplitud del caos” que sufre el pueblo haitiano, una “situación de terror” que ha llevado a “muchas familias a abandonar sus hogares y a buscar refugio en otros lugares.
Las autoridades no han adoptado ninguna medida para proteger a la población haitiana”, subraya la ONG, que alerta del riesgo de que la situación empeore si no se toman rápidamente medidas para recuperar el control.
Además, los ataques de las bandas el sábado a las cárceles de Puerto Príncipe y Croix-des-Bouquets han facilitado la fuga de más de 3.000 reos- “No se reforzó la seguridad en torno a las prisiones atacadas. La única medida adoptada por las autoridades fue ordenar la retirada de los vehículos blindados que estaban estacionados alrededor de la prisión civil de Puerto Príncipe”, según la RNDDH.
Frente a esta violencia extrema, el Gobierno decretó el domingo el estado deemergencia y el toque de queda en el departamento Oeste por 72 horas prorrogables, lo que no impidió que un día después las bandas siguieran con los ataques al aeropuerto internacional Toussaint Louverture, el principal del país, y al Guy Malary.
“Ninguna medida servirá para restablecer el orden si los bandidos armados siguen siendo tan poderosos como siempre, si la jerarquía de la Policía Nacional Haitiana (PNH) continúa en connivencia con ellos y si ellos mismos siguen beneficiándose de la protección de las autoridades judiciales y políticas haitianas”, denuncia la Red.
Lamenta que la policía haya abandonado las calles porque, aunque no pueda ayudar a un pueblo “sencillamente abandonado a su suerte”, su presencia desempeña un papel importante para impedir la comisión de ciertos delitos.
Ante todo ello, la RDDH recomienda a los “sectores vitales” del país estructurar un Gobierno que “no sea depredador” de los derechos humanos, formado por personas íntegras, competentes y comprometidas con las instituciones del Estado.
También debe hacer todo lo posible para recuperar el control del país y capturar a los presos fugados, así como destituir a los altos cargos de la Policía Nacional e iniciar procedimientos judiciales contra sus miembros por no haber impedido la escalada de violencia en Haití, exacerbada por las evasiones carcelarias, agrega.
Todo esto ocurre en ausencia del primer ministro, Ariel Henry, actualmente en Puerto Rico, donde aterrizó el martes después de no poder hacerlo en República Dominicana y tras varios días en paradero desconocido a raíz de viajar a Guyana y Kenia la semana pasada.
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