Rodríguez negó categóricamente haber impartido órdenes a la dirección general administrativa y financiera sobre asuntos irregulares o cualquier otro tema que se haya mencionado utilizando su nombre en el caso.
Explicó que, en su posición como procurador general, no tenía autoridad sobre las acciones del órgano financiero debido a su independencia operativa.
Aclaró que la dirección financiera opera de forma independiente según lo establecido por la ley, sin recibir órdenes de un superior jerárquico, incluido el procurador general.
Rodríguez señaló que su única relación con ese departamento era para informarles sobre las políticas públicas aprobadas por el consejo, y que nunca dio instrucciones que no estuvieran alineadas con estas políticas
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