Las consecuencias fueron documentadas en los periódicos de la época que se encuentran en la hemeroteca del Archivo General de la Nación (AGN), parte de ellos digitalizados, organizados y disponibles para el público en general a través de su Web en el servicio Prensa Diaria Dominicana.
La información presentada a continuación es a partir de la prensa durante los años 1995 y 1966.
Daños de guerra
Durante la guerra, decenas de edificios y oficinas fueron usados por militares constitucionalistas y de la Fuerza Interamericana de Paz (FIP), como campamentos militares improvisados, lo que provocó que sus estructuras sufrieran deterioro, como fue el caso del Teatro Agua y Luz, cuyo valor en daños ascendió a los RD$300,000 y según el alcalde la de ciudad de Santo Domingo, Ing. José Luperón Flores, las instalaciones quedaron totalmente destruidas y se sustrajeron efectos de mucho valor.
El teatro fue construido en 1955 con un costo de cuatro millones de pesos, en ese momento era el más grande del mundo en su género y el único en América.
También fueron ocupadas, por ambos bandos, las oficinas del Sindicato de Trabajadores Portuarios de Arrimo (POASI), Partido Revolucionario Social Cristiano (PRSC), Instituto Agrario Dominicano (IAD), entre otros; algunos de ellos amenazaron con denunciar a la Fuerza Interamericana de Paz y hasta al gobierno de los Estados Unidos.
También sufrieron daños, algunos monumentos en la Zona Colonial. Los planteles educativos también recibieron el impacto de la lucha armada, entre ellos el Instituto de Señoritas Salomé Ureña y el Liceo Juan Pablo Duarte, los cuales más tarde fueron reparados por el gobierno.
La Aduanas de Santo Domingo tuvo pérdidas calculadas por el Banco Central en 30 millones de pesos, producto de la destrucción casi total de sus instalaciones y el incendio de sus depósitos, donde fueron destruidos artículos que contenían, entre ellos, automóviles, electrodomésticos y otros de lujo.
El gobierno provisional, encabezado por Héctor García Godoy, entre 1965 y 1966, creó mediante la Ley No. 172, la Comisión Depuradora de Reclamaciones por Daños de Guerra, cuya labor era recibir, investigar y depurar las reclamaciones que presentaban las personas cuyos bienes muebles o inmuebles, ubicados en el Distrito Nacional, hayan sido destruidos, dañados o incapacitados en forma apreciable, tanto en su condición física como en su valor rentable, como consecuencia de la guerra de 1965.
Algunos de los miembros fueron, el ministro de Finanzas, quien la presidía; un representante de los sectores empresarial y laboral, el presidente de la Cámara de Comercio del Distrito Nacional, y otros funcionarios.
La comisión fue creada el 6 de abril de 1966 y recibió las quejas hasta el 4 de julio, acumulando más de 3,400 reclamaciones, ascendentes a más de 30 millones de pesos.
Según la Cruz Roja Internacional, entre el 24 de abril y el 12 de julio murieron aproximadamente 2,850 dominicanos, aunque según añade, no se registró el total porque muchos muertos fueron recogidos por los familiares y algunos enterrados en el mismo lugar donde morían; asimismo, el organismo contabilizó unos tres mil heridos.
Según declaraciones del coronel Gaspar Morató Pimentel, jefe de Personal y Orden de la Policía Nacional en 1965, unos trescientos agentes policiales se supone que murieron o desaparecieron durante el conflicto armado, señaló también que algunos policías desertaron por temor a “sufrir represalias” al presentarse de nuevo en su cuartel o porque ya no tenían interés de seguir en las filas de la Policía.
Durante la guerra desaparecieron numerosas personas cuya muerte se presumía, pero que no podían ser declaradas oficialmente fallecidas por no existir disposiciones legales que así lo permitieran, es por esto, que el gobierno provisional promulgó el 22 de diciembre de 1965, la Ley No. 87, mediante la cual los desaparecidos podrían ser declarados judicialmente fallecidos por solicitud de los interesados.
Decenas de personas Quedaron discapacitadas por lesiones recibidas durante la guerra, algunas de fueron rehabilitadas en centros especializados de diferentes países europeos.
Fue instalado un gobierno provisional encabezado por Héctor García Godoy, encargado de organizar elecciones para así dar paso a un gobierno democrático.
Las elecciones celebradas el 1 de junio de 1966 fueron las segundas elecciones generales celebradas en el país luego del ajusticiamiento de Rafael Leonidas Trujillo.
Los comicios se desarrollaron con normalidad; resultaron electos 27 senadores, 74 diputados, 77 alcaldes y 417 regidores.
Más de un millón trescientos mil ciudadanos ejercieron su derecho al voto en las 3,421 mesas electorales distribuidas en los setenta y seis municipios del país y el Distrito Nacional.
En la contienda electoral participaron diez partidos políticos y se enfrentaron como candidatos a la presidencia: Joaquín Balaguer en representación del Partido Reformista, el Liberal Evolucionista y otros tres partidos, quién resultó electo con 775,885 votos, seguido por Juan Bosch, candidato del Partido Revolucionario Dominicano y por el Partido Revolucionario Social Cristiano, que obtuvo 525,230 votos y finalmente Rafael F. Bonnelly, como candidato del Movimiento de Integración Nacional, Vanguardia Revolucionaria Dominicana y otros tres partidos aliados, obtuvo 39,535 votos.
Joaquín Balaguer tomó posesión el 1 de julio de ese año y gobernó durante tres periodos consecutivos hasta 1978, dando paso a lo que hoy conocemos como “Los doce años de Balaguer”.
Según la Cruz Roja Internacional, entre el 24 de abril y el 12 de julio de 1965.
Una de las salidas halladas al conflicto consistió en el nombramiento de un presidente provisional que tendría entre sus misiones organizar elecciones presidenciales y de legisladores.
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