Entre las entidades que han expresado su preocupación se encuentran la Arquidiócesis de Santo Domingo, el Centro Montalvo, la Asociación Scalabriniana al Servicio de la Movilidad Humana (ASCALA) y los Misioneros Dominicos.
En un comunicado dirigido a EFE, estas organizaciones hacen un llamado a la reflexión, el diálogo y la adopción de acciones basadas en los derechos humanos por parte del Gobierno dominicano y las instituciones competentes.
Destacan la importancia de distinguir entre migrantes y sus descendientes, así como aquellos que han residido regularmente en el país en los últimos años, para una política migratoria justa y eficaz, en consonancia con la ley de migración y la ley de regularización y naturalización.
Las organizaciones enfatizan que las familias campesinas y de barrios marginados no representan una amenaza para la seguridad nacional, y señalan que la corrupción es el verdadero problema que afecta la frontera.
Recuerdan con indignación los operativos migratorios realizados en comunidades como las de la provincia de El Seibo, donde se reportaron abusos físicos y psicológicos contra niños, mujeres embarazadas y personas vulnerables.
Asimismo, denuncian la situación de personas detenidas que deben pagar sumas exorbitantes para regresar a sus hogares, instando a que cualquier acción se realice dentro de un marco legal que respete la dignidad humana.
Además, hacen referencia al mensaje de los obispos dominicanos sobre la importancia de integrar creativamente a los migrantes en la sociedad, citando al papa Francisco.
Finalmente, las organizaciones reiteran la importancia de respetar la dignidad humana y seguir procesos justos y transparentes para la regularización y renovación de documentos, haciendo un llamado a que las autoridades consideren estas solicitudes.
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