El Ministerio de Salud, a través del departamento de ITS, VIH y Hepatitis, condena la divulgación de información sensible y confidencial a propósito de las publicaciones realizadas en los medios de comunicación, relacionados a un caso de violación, y hace un llamado para salvaguardar la integridad y los derechos de las víctimas.
La Ley 135-11 sobre Sida establece en varios de sus artículos la garantía de la confidencialidad del diagnóstico de quienes resulten positivos al VIH. El artículo 34 establece el derecho a la confidencialidad de los resultados de las pruebas de VIH; el 35 prohíbe la divulgación del estado serológico de una persona sin su consentimiento expreso; y el 36 estipula sanciones para quienes violen la confidencialidad de la información médica relacionada con el VIH.
Confidencialidad del diagnóstico según la ley 135-11 sobre VIH
Es una infracción de esta ley manejar públicamente estos diagnósticos. La divulgación no autorizada de información médica sensible vulnera los derechos humanos y la dignidad de las personas afectadas, especialmente de las víctimas.
El Ministerio de Salud hace un llamado a todos los medios de comunicación para que cumplan con su responsabilidad ética y legal de proteger la privacidad de las víctimas. La exposición pública de diagnósticos de VIH sin el consentimiento de las personas involucradas puede causar daño irreparable a las víctimas y sus familias.
Programa de apoyo a personas VIH positivas
El Ministerio de Salud, a través del Programa de Infecciones de Transmisión Sexual y VIH, ofrece apoyo continuo a las personas VIH positivas. Este programa proporciona acceso a tratamiento antirretroviral, apoyo psicológico, y servicios de salud integrales para mejorar la calidad de vida de los pacientes y reducir la transmisión del virus.
Programa de medicamentos
Mónica Thorman Peynado, coordinadora del Programa de ITS, VIH y Hepatitis, detalló que el Ministerio de Salud ofrece medicamentos antirretrovirales para niños, niñas, adolescentes y adultos a través de los establecimientos de salud públicos en todas las provincias del país.
Estos medicamentos se proporcionan de manera gratuita a la población.
“Es crucial iniciar el tratamiento con antirretrovirales dentro de las 72 horas posteriores a un acto sexual o una violación, ya que mientras más rápido se inicie, mayor será la efectividad del tratamiento, que tiene una duración aproximada de un mes y debe ser supervisado médicamente. Su objetivo es prevenir que las personas adquieran la infección” afirmó Thorman Peynado.
De igual manera, sostuvo que es vital que se respete la confidencialidad y la dignidad de las personas afectadas. «La protección de los derechos y la salud de las víctimas debe ser la prioridad».
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