Maldonado Sánchez también afirma que la referida legislación “se quedó corta”, dado que a su juicio debe de ser una cláusula de cobertura general, a los fines de que abarque a otros sectores, donde el sentido ético y el honor del empleado se vean comprometidos.
“Para todas personas que trabajan en diferentes oficios y actividades donde puedan tener un conflicto ético con la labor del lugar donde trabajan; Puede ser un centro médico, una oficina de construcción que de pronto esté alterando y cometiendo hechos que resulten contrario al sentido ético de las personas que trabajan allí”, precisó el también director general de El Nuevo Diario.
El ejecutivo periodístico amplió el concepto de que la iniciativa en cuestión ha sido apresurada, sugiriendo que la misma está incluida en el proyecto de actualización de la Ley de Comunicación 61-32, en poder del presidente Luis Abinader, y que fue elaborado por una comisión designada para tales fines por el Poder Ejecutivo.
En ese sentido, dijo que el Congreso Nacional debería de esperar que el presidente de la República someta a las cámaras legislativas el proyecto global de la ley 61-32, para entonces discutir el aspecto sobre la cláusula de conciencia.
“De manera que la intención puede ser buena, pero creo que estamos haciendo una cosa por pedazos cuando la podemos hacer bien”, sostuvo Persio Maldonado en declaraciones que ofreció a la periodista Yasmiri Rodríguez, de Telemicro, canal 5.
El presidente de la SDD insistió en que hacer las cosas de manera segmentada lo que conduces es a distraer el contenido de toda la estructura legal de la nación dominicana.
Recordó que el proyecto sobre la cláusula de conciencia en el ejercicio periodístico desde una empresa es un aspecto que está establecido en la Constitución Dominicana.
También aludió que la misma está atada a una resolución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los derechos laborales de las personas.
La pieza en cuestión, autoría del diputado Tobías Crespo (Distrito Nacional-Fuerza del Pueblo) está pendiente de la promulgación o observación por parte del Poder Ejecutivo.
Con el proyecto lo que se busca es indemnizar con las mismas compensaciones de un despido o desvinculación a aquellos periodistas que renuncien o dimitan de su trabajo en los medios de comunicación.
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