Dicho Proyecto de Ley plantea relegar ese órgano constitucional a un órgano dependiente de una ley adjetiva, lo que puede mermar su autonomía o, incluso, desaparecerlo. Esto ha sido una sorpresa para los fiscales, pues en las motivaciones del Proyecto de Ley no se explica cuáles son los motivos por los cuales se está tomando esta medida en contra del Consejo de los fiscales.
Pese a que han sido llamados 50 abogados al Palacio Nacional para discutir este proyecto de ley de reforma, allí no hay ni un solo fiscal, quedando totalmente excluidos de un proceso del cual se supone su institución es una de las principales protagonistas.
Preocupa que, hablando de garantías de la independencia del Ministerio Público -paradójicamente- se intente menoscabar la autonomía constitucional de la que goza su órgano de gobierno. La eliminación de su base constitucional y la delegación de su existencia a la voluntad legislativa significan un retroceso significativo en términos de protección institucional.
El Consejo Superior del Ministerio Público, al estar consagrado en la Constitución, disfruta de una autonomía reforzada, lo que le permite operar con independencia de otras ramas del gobierno. Ello para garantizar que las investigaciones y procesos judiciales se lleven a cabo sin interferencias políticas o presiones externas. La eliminación de su reconocimiento constitucional implicaría que su existencia y funcionamiento quedarían sujetos a cambios legislativos, lo cual podría vulnerar su capacidad de actuar de manera autónoma.
Además, esta propuesta contraviene los precedentes constitucionales que han establecido la importancia de la autonomía del Ministerio Público -y, en particular, de su Consejo Superior-. Estos precedentes han resaltado la necesidad de proteger a esta institución de injerencias que puedan comprometer su independencia y, por ende, la justicia misma.
Por tanto, pretender eliminar la base constitucional del Consejo Superior del Ministerio Público y subordinar su existencia a la legislación ordinaria no solo pone en entredicho la autonomía de la institución, sino que también debilita las garantías de independencia necesarias para el correcto funcionamiento del sistema persecutor. Es imperativo que se mantenga el carácter constitucional del órgano de gobierno del Ministerio Público para asegurar que este continúe operando con la autonomía y efectividad que la justicia requiere.
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