Los congresistas también se quejaron de los cambios que ha hecho esa institución en la plataforma y no descartaron que se trate de una retaliación por parte del órgano control de los recursos del Estado, ya que en el Congreso intentaron someter a juicio político a sus miembros.
El senador por María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Yeb, fue el primero en quejarse públicamente de que la Cámara de Cuentas solicita documentos que “violan la privacidad de las personas”, como las hojas de rutas a los países donde viajan y los estados de cuentas de tarjetas de créditos.
Además de los tradicionales requisitos de documentación financiera y patrimonial, ahora se solicita la entrega de copias completas de los pasaportes con detalles de viajes y los movimientos de las tarjetas de crédito, esto fue calificado como grave por el senado Victoria Yed
Según el legislado calificó estas exigencias como inaceptables y fuera del alcance de las atribuciones de la Cámara de Cuentas.
«Eso es inaceptable», dijo el congresista. Reiteró que él fue de los primeros en depositarla, pero que algunos de sus colegas se han quejados por los requisitos. Recordó que el artículo 8 de la Ley 311-14 es claro en los requisitos, por lo que, los puntos que pide no es una atribución de la entidad.
Victoria Yeb resaltó que la normativa actual exige que los funcionarios públicos presenten su declaración jurada de bienes dentro de los 30 días posteriores a su toma de posesión, un proceso que históricamente se ha seguido sin mayores contratiempos.
También protestó por los cambios «drásticos» que ha hecho el organismo en la plataforma sin consultar con los servidores, lo que, según asegura, ha entorpecido subir la declaración jurada. «Eso es un atraso total». Yeb teme que la prensa los critique por no cumplir con la declaración.
Finalmente, el senador dijo que las modificaciones en el sistema de declaración jurada de bienes están complicando a las personas que quieren hacer sus declaraciones juradas.
“Solicitan los estados de balance, eso uno lo solicita al banco y uno se lo deposita, pero solicitar, pero saber los movimientos del estado de la tarjeta de crédito, eso es inaceptable, por eso quiero que todos los senadores nos aboquemos a estudiar el proyecto de ley que busca mucho mayor transparencia, no solo en la declaración jurada de bienes, sino también en la declaración de impuesto, esto va ayudar porque usted está poniendo el valor de un bien que es el mismo que tiene que estar registrado en Impuestos Internos”, sostuvo.
Los diputados también se quejaron
Al igual que los senadores los diputados no se quedaron callado a las nuevas exigencias de la Cámara de Cuentas, como es el caso de los voceros del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) y del opositor Fuerza del Pueblo (FP), quienes el pasado lunes, tronaron contra esta.
Amado Díaz, vocero del PRM, y Rafael Castillo, vocero de la FP, enumeraron las trabas que ha puesto la entidad para que los legisladores puedan registrar sus declaraciones juradas, que va desde la tardanza de los bancos en emitir las informaciones financieras de los diputados, hasta problemas en la página web donde se depositan los documentos.
El vocero perremeísta dijo que es imposible cumplir con los requisitos que, a su entender, de manera ilegal, está estableciendo la Cámara de Cuentas, calificándola como una auditoría jurada y no una declaración.
Por su parte, el vocero pueblista señaló que el Banco de Reservas está durando hasta 10 días para entregar las comunicaciones a quienes la solicitan, asegurando que más del 95 por ciento de los legisladores está presentando problemas para poder llenar efectivamente esta documentación.
Castillo aseguró que la Cámara de Cuentas está haciendo con los diputados lo que no han hecho durante los pasados cuatro años, que es ejercer su rol de fiscalizar el Estado dominicano.
Otro ejemplo de traba es que las cédulas de los familiares de los diputados en el organismo no están aceptando fotocopias, sino que todo debe hacerse escaneado, lo que ha imposibilitado que legisladores puedan llenar el documento.
El marte vence plazo
El martes 16 de septiembre vence el plazo para que los funcionarios cumplan con la normativa. El artículo 6 de la Ley 311-14 indica que: «Dentro del plazo máximo de treinta (30) días de haber cesado en el cargo, los funcionarios públicos obligados tienen que presentar una declaración jurada final, indicando su patrimonio y el de la comunidad conyugal».
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