Lorenzo Ramírez, director de la entidad, aseguró que, tras la declaración de interés nacional que emitió el presidente Luis Abinader, mediante el decreto 438-22, el proce se ha gestionado de manera abierta y participativa, pese a tratarse de un procedimiento excepción por segurida nacional.
“Desde su inicio, el proceso ha contado con la colaboración de la Unidad Burocracia Cero, integrada por el Ministerio de Administración Pública (MAP), el Consejo Nacional de Competitividad (CNC) y la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), así como de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), de la cual el país es miembro signatario, quienes han acompañado cada paso del procedimiento, desde el desarrollo del Pliego de Condiciones, en aras de garantizar que el mismo esté alineado a los estándares globales para que la seguridad nacional no se vea comprometida”, manifestó.
Ramírez expresó que, desde que se publicó el procedimiento en el portal de la Dirección General de Compras y Contrataciones el pasado 12 de junio, el sistema de monitoreo implementado no ha arrojado ninguna alerta que indique irregularidades. No obstante, solicitaron la intervención de la entidad para constatar el cumplimiento del procedimiento exigido para este tipo de procesos.
Explicó que de las 25 empresas nacionales e internacionales que manifestaron interés en participar del proceso de adquisición e implementación de la nueva infraestructura de pasaportes biométrico, 11 presentaron preguntas, siete solicitaron la visita técnica, y dos presentaron ofertas; un consorcio internacional y otra empresa local.
¨El pliego de condiciones de esta licitación fue elaborado bajo las normas internacionales que rigen la implementación del Pasaporte Electrónico en otros países, donde la experiencia de la OACI indica que el nivel de participación de oferentes regularmente es de entre dos a cinco, por tratarse de un procedimiento complejo que implica el desarrollo de software, infraestructura,
Data Center y la inversión de cuantiosos recursos financieros¨.
Sostuvo que todas las recomendaciones realizadas posteriormente por el órgano rector (DGCP) fueron tomadas en cuenta, cumpliendo con las disposiciones establecidos en la Ley 340-06.
“Es una política de Estado la que exige un pasaporte robustecido. El único interés de esta entidades cumplir con el mandato presidencial de dotar a la ciudadanía de un pasaporte electrónico cumpla con los mejores estándares de calidad, así como la infraestructura tecnológica que permita la expedición segura y eficiente del documento de viaje en todas nuestras dependencias”.
La DGP reafirma su compromiso de continuar trabajando con transparencia y apego a las leyes, para ofrecer un servicio eficiente y seguro a la ciudadanía.
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