En un comunicado que se difundió en las redes sociales del gobierno venezolano, estos dijeron que se reservarían el derecho de tomar acciones legales para «reparar» el daño causado por la confiscación del avión Dassault Falcon 900EX, y que dicha acción revela que ningún Estado está a salvo de acciones ilegales que desconocen el derecho internacional.
«Estados Unidos ha demostrado ya que utiliza su poderío económico y militar para amedrentar y presiona a Estados como República Dominicana para que sirvan de cómplices de sus actos delincuenciales«, dice en el comunicado.
En el mismo texto, que consta de dos páginas, Venezuela dijo que se trata de una «práctica criminal» aplicada por EE.UU. «justificándose» en las numerosas sanciones aplicadas contra altos funcionarios chavistas en los últimos años.
El gobierno de Estados Unidos incautó este lunes el avión al dictador Nicolás Maduro, que se encontraba en República Dominicana, y está valorado en 13 millones de dólares.
La confiscación de la aeronave se realizó después que las autoridades determinaron que su adquisición violaba las sanciones estadounidenses, y por estar relacionado con otras actividades criminales. Estados Unidos envió el avión al estado de Florida.
El gobierno de Estados Unidos dijo a través de un comunicado que el avión fue comprado ilegalmente a través de una empresa fantasma y sacado de contrabando de Estados Unidos, citando violaciones de sanciones y leyes de control de exportaciones..
Luego, el avión fue exportado ilegalmente desde Estados Unidos a Venezuela a través del Caribe en abril de 2023 y desde entonces ha volado «casi exclusivamente hacia y desde una base militar en Venezuela y se ha utilizado en beneficio de Maduro y sus representantes, incluso para transportar a Maduro en visitas a otros países».
Garland agregó que el Departamento continuará persiguiendo a quienes violen las sanciones y controles de exportación para evitar que utilicen recursos estadounidenses «para socavar la seguridad nacional de los Estados Unidos».
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