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El procurador adjunto dijo que de ahora en adelante la Pepca se concentrará en continuar reuniendo evidencias para sustentar las acusaciones formuladas en el expediente de la operación Camaleón que desmanteló una presunta estructura corrupta relacionada con un contrato entre el Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la empresa Transcore Latam para modernizar el sistema semafórico del país.
Dijo que la reunión de más evidencias les permitirán abrir otras líneas de investigación que ya tienen sobre la mesa en este proceso y que, «de seguro», los llevarán a ir tras más imputados, a parte de los siete que ya se conocen.
Aseguró que la decisión de la jueza Fátima Veloz del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional solo estuvo incidida por la gravedad de los hechos, además de «el gran daño, que debe ser resarcido; por el comportamiento de los imputados» (…) «a los que se le encontraron evidencias de parte del Ministerio Público, y que le estaban dando seguimiento a miembros del sistema de justicia. Eso fue lo que impulsó la decisión que tomó el tribunal el día de hoy».
A los imputados se les acusa de pertenecer a una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad.
Además de Beras, Gómez Canaán y Pedro Vinicio Padovani en la Operación Camaleón están imputados Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del INTRANT; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del INTRANT; José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S.; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del INTRANT y Carlos José Peguero Vargas.
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