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La asignación fue aprobada en una reunión del Consejo Directivo de Indotel, de acuerdo con un comunicado de esa institución.
Según explicó el presidente del Indotel, Guido Gómez Mazara, estos recursos permitirán a la Procuraduría General de la República llevar a cabo la licitación para la adquisición de los bloqueadores de señal.
«Indotel proveerá los recursos, pero la licitación estará a cargo de la Procuraduría», señaló el funcionario.
En una carta enviada a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, y de la que se hace eco el comunicado, Gómez Mazara recordó que alrededor del 90 por ciento de lasllamadas fraudulentas que se cometen se hace desde una cárcel.
Para asegurar «la correcta administración» de los fondos, Indotel solicitó a la Dirección General de Presupuesto que asuma el control y la vigilancia de los recursos destinados al proyecto.
El proyecto comenzará con la instalación de bloqueadores en cuatro centros penitenciarios estratégicos: El Pino, en La Vega; el Centro de Corrección y Rehabilitación del 15 de Azua; Anamuya, en Higüey, y el recinto penitenciario de Santiago.
Estos centros fueron seleccionados debido a la alta incidencia de delitos cibernéticos cometidos a través de teléfonos móviles.
Estos dispositivos impedirán que los internos utilicen tecnologías móviles dentro de los recintos para cometer delitos como fraudes electrónicos, extorsiones y otras actividades ilícitas que ponen en riesgo a ciudadanos y empresas en todo el país.
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