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El tribunal precisó la fecha de la audiencia para las 9:00 de la mañana, luego de declarar admisible el recurso de casación que interpuso Rosa Pilarte, en contra de la sentencia de la Segunda Sala Penal de la Suprema, dictada el 28 de mayo pasado.
La audiencia será conocida en la sala augusta, ubicada en la séptima planta del edificio que aloja la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República (PGR).
El auto de fijación de audiencia fue notificado a los abogados de la imputada y al Ministerio Público representado por los procuradores adjuntos Fernando Quezada, Pedro Inocencio Amador Espinosa y el procurador de Corte, Pelagio Alcántara.
Asimismo, el tribunal declaró inadmisible un recurso de tercería incidental interpuesto por la empresa Inversiones Inmobiliarias Cutupú, S.R.L., contra la sentencia que ordenó el decomiso a favor del Estado dominicano de varios inmuebles.
El recurso fue interpuesto por el gerente general de la empresa, Manuel Antonio Inoa Valdez, contra la referida sentencia que conoció en funciones de tribunal de juicio en única instancia de la jurisdicción privilegiada el caso de la ex diputada.
Igualmente, el pleno de la Suprema acogió una inhibición presentada por los jueces de la Segunda Sala, Francisco Jerez, María Garabito, Nancy Salcedo Fernández, Fran Soto y Francisco Ortega Polanco, quienes emitieron la sentencia que fue recurrida en casación.
Para completar el quórum del pleno de la Suprema, para el conocimiento de dicho recurso fueron llamados los jueces, Maritza Capellán Araujo, jueza presidenta de la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Arelis S. Ricourt Gómez, jueza presidenta Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega.
También, Nieves Soto de León, jueza primera sustituta de presidenta de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega; a fines de completar el quórum del Pleno.
En la sentencia de la Segunda Sala, se dispuso que la condena de cinco años de reclusión deberá ser cumplida en el centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en Santiago, además del pago de una multa de 200 salarios mínimos del sector público.
Además, se ordenó el decomiso a favor del Estado dominicano de varios inmuebles ubicados en La Vega, entre ellos un terreno un inmueble de 728.11 metro cuadrados, otro inmueble de 811.45 metros cuadrados, otro inmueble de 682.50 metros cuadrados; un inmueble 1492.42 metros cuadrados; parcela #11 con una extensión de 28,273 metros cuadrados; el local comercial con una extensión 35.75 metros cuadrados; inmueble identificado como comunidad funcional B1, de una extensión 46.86 metros cuadrados, entre otros.
El Ministerio Público había pedido una condena de 10 años de prisión.
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