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Líderes religiosos y sectores conservadores insisten en que el aborto debe permanecer totalmente penalizado, argumentando que el Código Penal no debe aprobarse bajo presión. Feliciano Lacen, presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), afirmó que la ley debe proteger «la vida desde la concepción» y que el país ha dejado claro que no quiere la legalización del aborto.
Organizaciones feministas y de la sociedad civil aseguran que no aceptarán un código sin las tres causales, al considerar que su exclusión pone en peligro la vida y los derechos de las mujeres.
Virtudes de la Rosa, directora de Género de la UASD, criticó que se pretenda aprobar una legislación que mantenga el aborto como un delito, limitando la capacidad de decisión de las mujeres sobre su propio cuerpo.
Leidy Blanco, de Participación Ciudadana, expresó que aprobar el Código sin las causales sería invisibilizar la lucha de las mujeres por la garantía de sus derechos. Además, expertos advierten que mantener la prohibición absoluta del aborto podría aumentar los abortos clandestinos y las muertes maternas, un riesgo que ya afecta a muchas mujeres en el país.
Si el Congreso aprueba la ley sin modificaciones, República Dominicana seguirá siendo uno de los pocos países del mundo donde el aborto está penalizado en todas sus formas, una postura que mantiene dividido al país y que ha impedido el avance del Código Penal por más de dos décadas.
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