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El órgano dijo que diversas investigaciones han demostrado que los químicos organoclorados y organofosforados pueden asociarse a patologías como alteraciones neurológicas como cefaleas crónicas, temblores, problemas de concentración), disrupciones endocrinas (hipotiroidismo, alteraciones del ciclo menstrual), problemas reproductivos (infertilidad, malformaciones congénitas) y hasta ciertos tipos de cáncer, entre otros efectos de largo plazo.
Además, el uso indiscriminado y continuo de estos químicos afecta negativamente a las poblaciones de organismos benéficos como abejas, anfibios, lombrices, aves y un sinnúmero de invertebrados esenciales para el control natural de plagas y la polinización, afirmó la entidad, que se refirió a las intoxicaciones por la fumigación de pesticidas en fincas cercanas a escuelas en varias localidades de la provincia Duarte.
«Al disminuir o eliminar estos agentes biológicos, los cultivos se vuelven más vulnerables a ataques de plagas, generando un círculo vicioso que obliga al uso de dosis cada vez mayores de pesticidas, sin llegar a controlar eficazmente la problemática. Este desequilibrio ecológico incrementa la dependencia de agroquímicos y sus consecuencias nocivas para la salud pública y el medio ambiente, aseguró la Comisión Ambiental de la UASD en un comunicado.
El departamento recomendó a las autoridades cumplir de manera «estricta» la Ley 64-00, sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, y demás normativas relativas al uso de plaguicidas, de manera que las empresas y personas que realicen fumigaciones sin cumplir los protocolos establecidos se enfrenten a sanciones ejemplares.
«Estas deben incluir multas sustanciales y la clausura de operaciones en caso de reincidencia», dijo el documento.
También recomendó articular mecanismos de reclamo de daños y perjuicios que garanticen la reparación y compensación a las víctimas de intoxicaciones, así como la responsabilidad penal para los funcionarios y agentes económicos que ignoren voluntariamente la ley.
Asimismo, establecer un comité integrado por representantes de los ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Salud Pública, Agricultura, Educación y autoridades municipales.
«Este comité deberá realizar inspecciones periódicas y no anunciadas a las empresas fumigadoras y a las zonas donde se llevan a cabo estas actividades», abundó la comisión.
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