.jpg)
La disposición establece que los fiscales de todo el país deberán dar prioridad a los casos donde existan indicios o evidencias que vinculen a funcionarios públicos, militares o policías en redes de tráfico ilícito de migrantes. Asimismo, ordena actuar con rapidez en situaciones de extorsión, sobornos o cualquier otra dádiva relacionada con este delito.
En estos casos, la Instrucción ordena solicitar la inmediata suspensión de funciones de los involucrados, a través de los órganos competentes.
La procuradora Reynoso también instruyó a los fiscales a inmovilizar cuentas bancarias, inmuebles, vehículos y cualquier activo relacionado a estas actividades ilícitas, así como gestionar el secuestro inmediato de vehículos utilizados para transportar migrantes ilegales, siempre que existan elementos de prueba objetivos.
El Ministerio Público recordó que el tráfico ilícito de migrantes constituye una de las formas más lucrativas y complejas de la criminalidad organizada transnacional, afectando los sistemas de control migratorio y de seguridad nacional, y requiriendo por ello una respuesta especializada y coordinada.
La nueva UITIMC operará bajo la supervisión de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), dirigida por la procuradora de Corte Yoanna Bejarán.
La unidad estará conformada por miembros de agencias de inteligencia, seguridad y defensa del Estado, seleccionados siguiendo estándares internacionales, y contará con recursos de última generación, un programa intensivo de formación, incentivos especiales y evaluaciones periódicas de desempeño.
El objetivo central de esta nueva estructura es desmantelar las redes criminales dedicadas al tráfico ilícito de migrantes y el lavado de activos en el país.
.jpg)
Social Buttons